Santana ha afirmado que UGT en Canarias teme que, si la nueva normativa laboral se desarrolla "como quiere el Gobierno" de España, "más del 90 por ciento de los ayuntamientos canarios podrían acogerse a ella y tramitar ERE y ajustarlos a sus supuestas necesidades", como ya han hecho los consistorios de Gáldar, en Gran Canaria, y La Oliva, en Fuerteventura.
Ello ocasionará 2.000 despidos en las corporaciones locales del archipiélago, según la previsiones del sindicato.
El secretario general de UGT ha agregado que la organización que dirige intuye que los despidos en las instituciones locales y la débil actividad económica que se prevé durante los próximos meses podrían elevar la tasa de paro en Canarias al 35 % "o más" al final del año.
De llegarse a esta tasa de paro, que situaría a Canarias como la región europea con los peores indicadores en materia de empleo, UGT vaticina una situación "grave y dramática", que tendrá, no sólo un fuerte impacto en el empleo, sino en la sociedad, ya que "mucha gente no podrá soportar su situación económica", con lo que se rebasarían los riesgos de exclusión social.
