Es un paso previo obligado para plantear, en caso de no ser atendido el requerimiento, un nuevo conflicto de competencia sobre las competencias en los espacios marítimos, en este caso referido a las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial
El Real Decreto 1485/2012, pese a reconocer su vocación estrictamente orgánica, sin embargo, y en la medida en que la sustitución de unos órganos por otros se produce dentro del marco de la administración estatal, viene a ratificar y revalidar la competencia estatal ya ejercida en el Real Decreto 1028/2007 que ya se recurrió ante el Tribunal Constitucional ¿conflicto nº 9260/2007 ¿, por lo que se vienen a reproducir los argumentos esgrimidos entonces en defensa del ámbito competencial propio en los espacios marítimos en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, de acuerdo con las bases del régimen minero y energético (artículo 30.26 EA), al que habría de añadir la relativa al desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones, del artículo 32.9.
Se destaca la singularidad de Canarias, especialmente en el sector eléctrico, que la separa del resto de territorios autonómicos peninsulares en los que encuentra explicación la competencia estatal para la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. La configuración de Canarias como archipiélago impide la aplicación del criterio de supraterritorialidad, circunstancia reconocida en la propia legislación estatal y sobre la que descansa en buena medida el conflicto de competencias suscitado frente al Estado.
No obstante, la propuesta de acuerdo ofrece un argumento novedoso respecto de los ya esgrimidos y pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional. Con referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual ni el territorio ni la titularidad del dominio público son títulos atributivos de competencias, sino límite al ejercicio de las que se hayan de ostentar, constitucional o estatutariamente, se invoca la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias, ley posterior al Real Decreto 1028/2007, y según la cual
1. Entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran, según el artículo 2 de su Estatuto de Autonomía, el Archipiélago canario, se trazará un contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago, tal como se establece en el Anexo de esta Ley. Las aguas que queden integradas dentro de este contorno perimetral recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias.>
2. El ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto para dichos espacios como para los terrestres>.
La incorporación al ordenamiento jurídico de la Ley 44/2010, sobrevenida respecto al momento en que se planteó el conflicto competencial con el Estado en relación con el Real Decreto 1028/2007 es lo que justifica, en gran medida, la propuesta de requerimiento al Estado que se somete a informe. Máxime si se tienen en cuenta los argumentos opuestos por el Estado frente a nuestro anterior requerimiento, centrados en esencia en la consideración de que el mar territorial no forma parte del territorio de la Comunidad Autónoma.
A la vista de lo expuesto, no debe existir duda de que con la irrupción en el ordenamiento jurídico de la Ley 44/2010, de Aguas Canarias, que reconoce que el ejercicio de las competencias, ya sean estatales o autonómicas, sobre las aguas canarias, tal y como allí se delimitan, y sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción, se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente tanto sobre dichos espacios como para los terrestres, se refuerzan sobremanera los argumentos ofrecidos por esta Administración al tiempo de formular el conflicto de competencias frente al Estado en relación con el Real Decreto 1028/2007.
Los términos en que aquel conflicto fue planteado, en particular, la oposición al mismo dada por el Estado, han de verse alterados en profundidad como consecuencia de la delimitación territorial llevada a cabo por la Ley 44/2010, que viene a perfilar el concepto de archipiélago canario definido en el artículo 2 del Estatuto de Autonomía, a fin de incluir tanto los espacios terrestres como los espacios marítimos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Alteración de la que necesariamente resulta beneficiada la posición autonómica, que encuentra, frente a la invasión competencial estatal en relación con la autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial operada por aquel Real Decreto 1028/2007, una sólida contestación con los términos en que se pronuncia el artículo único de la ley estatal citada, ofreciendo respaldo a nivel legal de lo que ha venido siendo la interpretación defendida por esta Administración tanto en relación con el alcance del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, por su condición archipelágica, como en cuanto a la proyección en el espacio del ejercicio de competencias en función del ente territorial que las tenga atribuidas constitucional y estatutariamente.
En definitiva, el Real Decreto 1485/2012 viene a atribuir a órganos incluidos en la Administración estatal las competencias que desde esta Comunidad Autónoma, y para nuestro ámbito territorial, espacios marítimos incluidos, se reclaman como propias. De este modo, el RD reproduce el mismo vicio de incompetencia que ya fue denunciado por el Gobierno de Canarias al tiempo de plantear el conflicto de competencias frente a la norma que ahora se modifica.
Es de destacar que el actual Ministro de Industria, que firma el presente RD, formaba parte del Gobierno cuando se recurrió el anterior RD en 2007 al entender que las aguas canarias forman parte del territorio de la Comunidad autónoma y en ellas se pueden ejercer las mismas competencias que ostentamos en tierra. Tesis que se contiene en la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas canarias, aprobadas por las Cortes Generales, y que por primera vez se utiliza en un conflicto competencial.
