Para que se instale la potencia eólica que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) considera necesaria, entre 900 y 1.300 MW anuales, habría que invertir entre 6.000 y 8.700 millones de euros. Esto es prácticamente imposible que se produzca con el marco regulatorio que ha traído consigo la Reforma Energética: una normativa que permite cambiar la rentabilidad varias veces a lo largo de la vida útil de la instalación genera incertidumbre y desincentiva la inversión. En el primer semestre de 2014, sólo se instaló en España un aerogenerador de 0,08MW.
Estas previsiones ponen de manifiesto que el cumplimiento de que el 20% del consumo final de energía proceda de fuentes renovables en 2020 está en el aire. Además, hay que tener en cuenta que en 2020 cerca del 45% de la potencia instalada habrá llegado a los quince años de vida.
Para cumplir con la senda que marca el Ejecutivo para 2020, sería necesaria una regulación estable en todos los ámbitos del estado, lo que supondría dar marcha atrás en la Reforma Energética. De lo contrario, España incumplirá los compromisos europeos, que son vinculantes.
De hecho, un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) –dependiente de la Comisión Europea– sentencia que es improbable que España consiga el objetivo con las actuales condiciones, a la vista de los datos de 2013. Y asegura que "tendrá que diseñar e implementar nuevas medidas o usar mecanismos de flexibilidad" para conseguir los objetivos. El informe indica que España, al igual que Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Rumanía y Letonia, debe "conseguir un crecimiento absoluto dos o tres veces mayor al del periodo 2005-2012" en renovables.