"Desde el CEST pedimos que se afronte la simplificación de normas y leyes que, en muchas ocasiones, llegan a ser incluso contradictorias por su dificultad interpretativa, provocando otro de los grandes factores que ponen en riesgo nuestra economía: la inseguridad jurídica", asegura el presidente del CEST, Javier Cabrera.
Desde 2019 hasta 2023, las empresas canarias se han tenido que enfrentar a la creación de unas 1.600 normas en el ámbito autonómico. "Esta proliferación de normas solo ha generado un intervencionismo extremo. Las repercusiones, sin duda alguna, son muy negativas, porque frenan la normal actividad económica de las empresas y la puesta en marcha de nuevos proyectos que serían clave para la sociedad del sur y de toda la isla", detalla el presidente de los empresarios y profesionales del Sur de Tenerife. "El exceso de estos textos normativos está asfixiando a los empresarios debido a los cambios permanentes a los que se ven sometidos y los esfuerzos de adaptación a las mismas", explica.
Añade que "los largos procesos de burocratización son los principales causantes de que muchos proyectos empresariales no se terminen de realizar y se acabe perdiendo el espíritu emprendedor, por lo que simplificar el proceso debe ser una medida que se tiene que tomar por parte de las administraciones". Pone como ejemplo la escasez de vivienda causada, en gran medida, por los largos procesos municipales para obtener los permisos necesarios para la construcción de nuevas edificaciones.
En cuanto a las medidas que han de tomarse, Javier Cabrera apunta a la Mesa Técnica de Simplificación Administrativa, en el marco de la VII Concertación Social de Canarias, donde continuamos avanzando en la propuesta unificada de los agentes sociales más representativos y la administración.
Además, Javier Cabrera alerta de que la maraña administrativa también provoca que la ciudadanía se aleje cada vez más de la administración, a pesar de los esfuerzos por implantar procesos electrónicos que faciliten determinados trámites. "Los textos legislativos y jurídicos son complejos y requieren de un conocimiento especializado que, por ejemplo, en el caso de pequeñas empresas, no siempre se posee", asegura.
Explica, así, que la gran cantidad de normativa aumenta el riesgo de los empresarios de ser sancionados por el mero desconocimiento de la ley, generando un miedo que se impone como barrera a la hora de sacar adelante una empresa.
Estas dificultades perjudican especialmente a Canarias, con una productividad de las más bajas de España y uno de los indicadores más altos de absentismo laboral. "Estas cifras demuestran que es en estos asuntos en los que se debe poner el foco, en lugar de seguir generando más legislación y regulación que afecta a la actividad empresarial y suponga un freno a la creación de empleo y riqueza", reclama el presidente.
