Según han informado esas fuentes, este arbitraje está pensado especialmente para los afectados por las participaciones preferentes vendidas por las cajas integradas en Bankia, ya que porque en CatalunyaBanc y Novagalicia ya se ha recurrido a esta medida.
Sin embargo, han explicado que "eventualmente" podría aplicarse un procedimiento similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, "si se identificasen problemas de comercialización" como los que hubo en aquellas entidades.
Como han demostrado numerosas sentencias judiciales, muchos de los compradores de esos derivados complejos no fueron informados sobre el riesgo elevado de esa inversión o eran clientes de las entidades bancarias que no respondían al perfil de un inversor en ese tipo de producto. Cuando se han demostrado esas irregularidades, los bancos y cajas implicados han sido condenados por los tribunales a devolver la totalidad de la inversión.
Aparte de las irregularidades en su comercialización, los compradores de preferentes se han visto afectados por el proceso de reestructuración en las cajas y bancos que las vendieron. Hasta ahora, eso ha supuesto que una parte importante del dinero invertido en preferentes -una media del 40%- se utilice para sanear las entidades, por lo que se perderá. Además, el resto de la inversión se transformará en acciones de las entidades, con pocas probabilidades de convertirlas en efectivo.
Los procedimientos de arbitraje puestos en marcha hasta ahora -como los de Novagalicia Banco y Catalunya Banc- consistían en pactar esas conversiones, que no convencen a los afectados porque lo que quieren es recuperar íntegros sus ahorros. La devolución íntegra de las inversiones solo se ha conseguido, por el momento, a través de las sentencias judiciales que han condenado a las entidades.
Gobierno y PSOE han consensuado también que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y el Banco de España ostenten respectivamente la presidencia y vicepresidencia de esa comisión de seguimiento.
La comisión tendrá competencias en la comercialización de instrumentos híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje y en el control de los recursos públicos.
El seguimiento se centrará en la realización de un informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos.
Según el texto del acuerdo, los objetivos de la comisión serán seguir los procesos de arbitraje mediante la fijación y supervisión de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor que se utilizarán para filtrar las solicitudes de devolución de la inversión.
La comisión -que integrará también a la Secretaría General de Sanidad y Consumo, al Instituto Nacional de Consumo y la Secretaría del Tesoro y Política Financiera- elaborará un informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento. La composición de la comisión se completaría con representantes de las consejerías autonómicas con competencias en consumo que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
También se perseguirá elevar propuestas al Gobierno tendentes a mejorar la transparencia de la comercialización de los productos financieros y protección de los pequeños ahorradores.
