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13 Abr

La Cámara tinerfeña culpa a la morosidad pública y a la falta de créditos del cierre de 8.000 pymes en Canarias

El vicepresidente de la CEOE tinerfeña, José Luis García, califica de "vergonzoso" el hecho de que "los empresarios tengamos que pasar por un calvario para que se nos pague lo que nos corresponde".

Canarias/ La morosidad de las administraciones públicas y la falta de crédito "son dos de los principales culpables de la desaparición de más de 8.000 pymes desde que estalló la crisis", aseguró hoy la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Palmero, durante la jornada informativa 'Financiación para el pago a proveedores de las Entidades Locales', organizadas junto a la CEOE- Tenerife y el despacho de Abogados de Garrigues en Canarias.

El pasado 24 de febrero, el Gobierno de España aprobó un Plan de Pagos a través de un Real Decreto que permite, a través de la creación de un Fondo para la financiación de la entidades locales, que tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales puedan empezar a saldar sus deudas pendientes con los proveedores a partir de mayo.

El objetivo de esta jornada, en la que participó el socio director de Garrigues, Antonio Viñuelas, y el vicepresidente de la CEOE, Jose Luis García Martínez, fue explicar a los empresarios cuáles son los mecanismos y el proceso que empresas y autónomos deben llevar a cabo para cobrar sus servicios y productos.

El próximo 22 de abril es la fecha tope que tienen los proveedores de las administraciones locales para adherirse al Plan de Pago abierto por el Gobierno de España y a través del cual podrán cobrar sus recibos pendientes. También el Ejecutivo de Canarias se ha adherido a este Fondo de Financiación habilitado por el Estado a través del ICO, tal y como informó el socio director de Garrigues en Canarias.

Por su parte, Palmero señaló que la medida que posibilita el pago de proveedores de entidades locales aún siendo "acertada y necesaria, llega tarde para miles de empresas y autónomos de Canarias".

Aseguró, además, que "los retrasos en el abono de los servicios prestadospor parte de muchos ayuntamientos, cabildos y Gobierno nos ha dejado a muchos empresarios sin margen de maniobra, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la supervivencia de nuestra propia empresa."

En este sentido, el vicepresidente de la CEOE, calificó de "vergonzoso" el hecho de que "los empresarios tengamos que pasar por un calvario para que se nos pague lo que nos corresponde", aunque admitió que el cobro de las facturas va a permitir aliviar la carga de una gran número de empresas afectadas por la morosidad pública.

Antonio Viñuelas coincidió con este último argumento y valoró positivamente el decreto, ya que "el cumplimiento de esta medida va a suponer un gran inyección de miles de millones de euros a la economía y un salvavidas para muchas pequeñas y medianas empresas".

De hecho, si se cumplen las previsiones del Estado, el pago a proveedores va a suponer que se introduzcan en el circuito económico 35.000 millones de euros, lo que pueden servir de impulso para un principio de reactivación de la economía, tal y como destacó el socio director de Garrigues.

Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de marzo la creación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores de las entidades locales, con el objetivo de permitirles empezar a cobrar las deudas pendientes con las Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas. De los 35.000 millones de euros, 20.000 millones serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos y el resto, para las comunidades. El préstamo estará avalado por el Estado, que a su vez tendrá la garantía de los recursos que se transfieren a los ayuntamientos para financiarse.

Según la encuesta del Consejo Superior de Cámaras sobre Acceso de las pymes a la Financiación ajena del último trimestre del pasado año, entre las empresas que son proveedoras de las Administraciones Públicas, casi el 80 por ciento han tenido problemas para cobrar las facturas adeudadas, siendo la Administración local la que más problemas plantea, con un más del 60 por ciento de los casos.

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