A esa cifra hay que aplicar un IVA del 21% y sumar el impuesto especial que desde enero grava el butano para paliar el déficit de tarifa eléctrica, lo que da lugar ese precio máximo de venta: 17,13 euros.
El nuevo precio máximo estará en vigor hasta el próximo 14 de mayo. La orden ministerial establece que las revisiones, que hasta ahora se hacían trimestralmente, se hagan bimestrales y se apliquen el segundo martes del mes correspondiente.
La variación en el precio se limita a un 5%, tanto al alza como a la baja. El objetivo, según el Gobierno, es "buscar fórmulas que garanticen una estabilidad en los precios", aconsejado "para aquellos consumos de marcado carácter social" como el del butano.
Sin embargo, los posibles desajustes se cargarán en las revisiones siguientes. El objeto es "garantizar la sostenibilidad económica del sector". La nueva fórmula incluye un término de recuperación de los desajustes producidos en actualizaciones de precios anteriores. El desajuste en el primer bimestre del año se sitúa en 0,188422 euros por kilo.
Costes de comercialización
Por otra parte, Industria ha actualizado los costes de comercialización de los gases licuados del petróleo envasados y ha establecido una nueva fórmula para su revisión actual, que hasta ahora se hacía en función del IPC.
"Los costes de comercialización recogen todos los costes necesarios para poner el producto a disposición del consumidor, incluyendo los correspondientes al reparto domicilario", recuerda la orden ministerial, que establece que desde ahora se actualizarán "anualmente, en la revisión de precios correspondiente al mes de julio".
Con el objetivo de lograr la máxima estabilidad posible en los precios y de forma excepcional, el aumento de costes de comercialización se repartirá a lo largo de 2013. Hasta la próxima revisión de dichos costes, que se hará en marzo de 2014, el precio sin impuestos de los gases licuados del petróleo envasados no podrá superar los 1,422025 euros el kilo.
La nueva normativa habilita a Canarias, Ceuta y Melilla para ajustar los costes de comercialización en función de factores específicos dada su localización geográfica hasta un máximo equivalente a la diferencia entre los impuestos repercutibles al consumidor en el régimen fiscal de sus territorios y los aplicables con carácter general en toda España.
