El proyecto de la nueva directiva -que ha recibido este miércoles la aprobación unánime del colegio de comisarios- debe ser debatido por el Parlamento Europeo y los Veintiocho en un proceso que se anuncia complicado, ya que algunos Estados se oponen a las intenciones de Bruselas, que sin embargo confía en que la iniciativa se apruebe antes de que termine esta legislatura europea en mayo de 2014.
Berlín, en contra
Según el derecho comunitario, una autoridad de este tipo no puede tomar por sí misma la decisión de liquidar un banco, por lo que la Comisión Europea pretende asumir esa tarea con el argumento de que es la única forma de tomar "decisiones de manera rápida y eficiente", según señala en un comunicado el comisario europeo de Mercado Único, Michael Barnier.
Esta propuesta de la Comisión Europea contradice la postura de Alemania, que apuesta por crear una red de autoridades de resolución nacionales, ya que considera que para crear una autoridad única de liquidación bancaria es necesario cambiar los tratados comunitarios. El Ejecutivo comunitario niega este planteamiento y afirma que sí que existe base legal para ello.
España se ha mostrado"flexible" y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que se podría aceptar de forma provisional -como pide Berlín- "una coordinación entre las autoridades de resolución nacionales, que actúen de una forma homogénea". No obstante, Guindos ha defendido que el objetivo "a medio plazo" debe ser crear una "única autoridad de resolución".
Autoridad directa sobre 6.000 bancos europeos
Según la propuesta de la Comisión, esa nueva autoridad sería responsable directa de los 6.000 bancos de la zona del euro y de los otros Estados miembros que deseen participar. Se trata de un nuevo intento de poner bajo el paraguas europeo a todas las entidades bancarias de la eurozona, después de que el diseño final del supervisor común europeo estableciese su control directo solo sobre unos 200 mayores bancos, dejando fuera, por ejemplo, a las cajas de ahorro alemanas.
La dirección del organismo estaría compuesta por las autoridades competentes en cada país de la liquidación de bancos, así como representantes de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). El voto en contra del país al que pertenezca el banco afectado no podría frenar la intervención.
El proceso de rescate de un banco se iniciaría cuando el BCE, ya como supervisor común de la banca europea, diese la voz de alarma. Entonces, la autoridad común de resolución estudiaría la situación del banco afectado y elaboraría una propuesta de plan de liquidación que pasaría a la Comisión Europea, que debería dar el visto bueno definitivo y decidir en qué momento se liquida el banco.
Ya con el visto bueno de Bruselas, las autoridades nacionales encargadas de liquidar entidades se encargarían de aplicar el plan de resolución bajo la supervisión de la autoridad europea, que podrá dar órdenes directas al banco afectado si considera que no se está siguiendo su programa de liquidación.
Un bote común de los bancos con un mínimo de 55.000 millones
Si se lograse aprobar la directiva antes de mayor del año que viene, la autoridad común de liquidación y el fondo de resolución europeo entrarían en vigor en 2015.
La dotación de ese bote común se incrementaría gradualmente con una aportación anual mínima de 5.500 millones de euros por parte del sector bancario hasta alcanzar en 2025 una cantidad equivalente al 1% de los depósitos garantizados por el sistema (según los datos de 2011, ese porcentaje equivaldría a 55.000 millones).
Si los depósitos crecen, también debería aumentar el fondo de resolución, por lo que algunas fuentes comunitarias estiman que su dotación oscilará dentro de diez años entre los 60.000 y los 70.000 millones de euros.
Nuevas normas para ayudas estatales a la banca
Como la nueva autoridad se prevé entre en vigor en 2015 y las normas recogidas en la directiva no estarán en marcha por completo hasta 2018, si se necesita inyectar fondos públicos en alguna entidad en riesgo de quiebra en ese período intermedio, habrá que hacerlo siguiendo las nuevas normas de ayudas estatales al sector bancario que aprobará también este miércoles la Comisión Europea.
Desde el comienzo de la crisis bancaria -tras el desplome del estadounidense Lehman Brothers-, las restricciones de las ayudas estatales a la banca quedaron en suspenso debido a la excepcionalidad de la situación, que obligó a muchos Estados a socorrer a parte de sus sistemas financieros.
El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha modificado esas directrices y las presenta este miércoles. Según fuentes europeas, serán "menos duras" que las futuras normas de resolución, ya que en caso de un rescate interno o bail-in se recurrirá solo a accionistas y tenedores de híbridos (como se ha hecho en el rescate bancario español) y no irá más allá, como sí prevé la futura directiva, que incluye en la distribución del coste de la liquidación de la entidad a los bonos senior y permite recurrir en última instancia a los depósitos de más de 100.000 euros.
El dinero que, eventualmente, tengan que inyectar las autoridades públicas entre 2015 y 2018 será restituido posteriormente por el fondo de resolución único, han explicado a EFE fuentes comunitarias, que advierten -sin embargo- que esta opción no tendrá carácter retroactivo, es decir: no podrá aplicarse en los países que hayan llevado a cabo procesos de rescate de su banca anteriormente, como España o Irlanda.










