Con esta reforma aprobada por el Gobierno se intenta corregir los desequilibrios causados en el sistema eléctrico por el déficit de tarifa, el desfase generado porque los costes estimados por el sector superan a los ingresos conseguidos a través de la tarifa. Así, se ha dado luz verde a un real decreto ley con medidas urgentes para garantziar la estabilidad financiera del sistema y un anteproyecto de ley para reformar la ley del sector eléctrico vigente desde 1997.
El objetivo de todo ese conjunto de normas es frenar el déficit de tarifa estructural que, sin medidas nuevas, crecerá a un ritmo de 4.000 millones de euros cada año. En términos acumulados, el déficit tarifario suma ya 26.000 millones (28.000 millones, según la Comisión Nacional de Energía) y se ha convertido en un problema que amenaza con desbordar el ámbito eléctrico. En todo caso, el plan que maneja Industria no supondrá la eliminación definitiva del déficit de tarifa.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo que se trata de "una reforma estructural de las más importantes que forman parte de nuestro programa", y ha añadido que es "necesaria para corregir el déficit de tarifa y garantizar fortaleza y sostenibilidad al sistema eléctrico, sin que sean los consumidores los que tengan que asumir a través de la factura los costes que generan ese desequilibrio".
Entre los reales decretos figuran uno para regular el autoconsumo y otro con un plan para permitir la hibernación o el cierre de los ciclos combinados de gas en una cantidad de instalaciones importante.
Enfrentamiento entre Industria y Hacienda
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido que ese déficit debe absorberse "de forma equitativa" entre empresas eléctricas, consumidores y Estado.
Y ahí es donde ha estado el principal escollo, que ha enfrentado a los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Hacienda. Cristóbal Montoro se ha resistido a pagar la totalidad de los costes del sistema eléctrico, debido a la repercusión que eso tendría en la deuda pública.
Pero, además, Montoro se ha negado a asumir incluso -conforme establece una ley vigente- todo el sobrecoste de las actividades extrapeninsulares (las correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), que asciende a 1.800 millones de euros. Soria contaba con incluir esa partida en los Presupuestos Generales de 2014, pero según diversas fuentes, Hacienda está dispuesta a asumir, como mucho, la mitad.
Subida de la factura al consumidor
De todas formas, buena parte de la carga de la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros acabará recayendo sobre consumidores y empresas, lo que anticipa subidas del recibo de la luz y fuertes recortes a los operadores, según ha señalado el sector eléctrico.
Para evitar el aumento del déficit tarifario, Industria ha subido los peajes de acceso, que fijan la mitad de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que se han congelado en muchas ocasiones para evitar fuertes subidas de la luz. La otra mitad de esa factura básica al consumidor se determina por el resultado de una subasta donde generadoras y comercializadoras pujan para fijar el coste de producción de la energía.
La negativa de Hacienda fue anunciada el jueves por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a las grandes eléctricas y empresas de renovables durante sendas reuniones convocadas para informar sobre la reforma energética.
Recortes en los costes de la distribución
Después de esas reuniones, las compañías eléctricas interpretan que Hacienda ha ganado la partida al ministro Soria, por lo que el ajuste en los costes regulados (ver despiece en gris) previsto por Industria ha tenido que revisarse para incrementar los recortes, lo que no ha gustado a las empresas.
Estas compañías entienden que, tras haber realizado importantes esfuerzos para atajar el déficit de tarifa, deben pagar ahora de forma adicional los errores tanto de éste como de los anteriores gobiernos.
Según se ha filtrado de la reunión con las cinco grandes del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EON y EDP), el mayor recorte se producirá previsiblemente en la actividad regulada de distribución, donde los costes podrían reducirse hasta un 20%, unos 1.000 millones de euros, lo que -amenazan desde el sector- complicará las nuevas inversiones e, incluso, podría afectar a la calidad del suministro.
Cambio en las primas a renovables
Además, estas grandes operadoras han avisado de que se les va a aplicar un trato "discriminatorio" respecto a las renovables, ya que se les mantiene una tasa de retorno de la inversión del 6,6% frente a la del 7,5% que se ha marcado para las renovables.
Estas compañías, por contra, advierten que no existe ningún trato de favor, ya que la reforma cambia su sistema de primas y pasarán a cobrar retribuciones fijas por megavatio instalado y no por producción, como ocurría hasta ahora. Además, el 7,5% de rentabilidad se pagará desde el momento que se instaló el parque, con lo que -advierten- si han cobrado rentabilidades superiores, deberán dinero al sistema.
Otra de las modificaciones introducidas en la reforma es la de permitir a las compañías eléctricas hibernar o cerrar los ciclos combinados, plantas que usan gas natural para generar electricidad.
Debido a la actual debilidad de la demanda, estas instalaciones funcionan desde hace meses muy por debajo de su capacidad, lo que obliga a las eléctricas a mantener sus costes sin obtener rendimiento. Las compañías llevaban meses pidiendo una solución al Gobierno para ese problema.
Al margen de la reforma energética, el Ministerio de Industria ha elaborado las previsiones de costes regulados e ingresos de la tarifa de 2013, bajo la premisa de que el sistema recibirá un préstamo público extraordinario de 2.200 millones -ya aprobado por el Congreso- y de que los Presupuestos Generales del Estado de 2014 asumirán los 1.800 millones de sobrecostes de la actividad extrapeninsular, un extremo que no está decidido a la vista de la posición defendida por Hacienda.