Abreu mostró su apoyo a la moción del senador canario Narvay Quintero y señaló que "dada la importancia que el Gobierno de España ha dado siempre a Canarias por su situación territorial, es necesario este apoyo para evitar la acción de estos especuladores y la entrada de mercancías por puertos fronterizos que ponen en riesgo el sistema medioambiental, así como la salud, y atenta contra la seguridad alimentaria, pues altera la trazabilidad de dichos productos en muchos de los territorios y de los productos que llegan a Canarias".
El parlamentario socialista destacó que "esta práctica fraudulenta de algunos importadores supone no sólo amplios beneficios para quienes los realizan, sino que ponen en riesgo la salud y las condiciones de vida de los canarios, con tal de obtener amplios beneficios para su economía particular, además de poner en riesgo la economía de muchos ciudadanos que tienen en el sector primario su propio medio de vida". "Por lo tanto, puntualizó, es necesario aplicar las máximas sanciones posibles, porque está en juego la salud y el entorno medioambiental de Canarias".
Aurelio Abreu, recordó que en el año 2010 tuvo lugar la última reunión de la comisión de seguimiento en virtud de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, con objeto de hacer un seguimiento y alcanzar una mayor coordinación y comunicación entre el ministerio y esa Comunidad Autónoma, haciendo mucho hincapié en el puerto de las Palmas y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ampliando horarios, ampliando la inspección y dotando de más medios materiales. "No obstante, apuntó, se ve que son insuficientes, y todo aquello que se detecta es simplemente multado con cantidades insignificantes para los beneficios que se obtienen".
Abreu concluyó lamentando la intransigencia del PP y reclamando al Gobierno que contemple la posibilidad de incrementar esa sanción, dado los amplios beneficios que obtienen quienes hacen estas prácticas fraudulentas.
