Navarro considera que "somos los primeros en defender el cumplimiento pero rechazamos que todo el peso de los ajustes recaiga sobre la economía, los ciudadanos y los empleados públicos y que las reformas sigan aparcadas".
"Es injusto que el Gobierno de Canarias imponga a la sociedad y a la economía la mayor subida de la presión fiscal en 30 años de historia autonómica y el propio Gobierno y la Administración se vayan de rositas, sin una sola reforma, sin un solo ajuste en el aparato político de la Comunidad autónoma", señaló, al tiempo que también consideró "injusto que rebaje el salario a los empleados públicos, que sufrieron un ajuste en sus sueldos en mayo de 2010 de la mano del Gobierno socialista y con el apoyo de Coalición Canaria".
La portavoz parlamentaria advierte además de que "existen dudas razonables sobre la legalidad de algunos de los impuestos que el Gobierno de Canarias pretende crear sobre actividades económicas que ya tributan en la actualidad" e insiste en que "existen alternativas de reforma de las administraciones que pueden y deben llevarse a cabo y que permitirían que la presión fiscal del Gobierno no sea tan agresiva, especialmente la subida del 40 por ciento del IGIC".
