Esta disposición implica, en la práctica, la anulación de las particularidades aplicadas en la actualidad por cada autonomía en la parte del impuesto sobre la que tienen competencia.
Hasta ahora, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia aplican tipos más altos de los del tramo estatal para las rentas altas y muy altas. Por contra, Madrid y La Rioja no han fijado gravámenes más elevados para ingresos altos e, incluso, han introducido rebajas en la parte autonómica del impuesto.
En cualquier caso, las nuevas decisiones de los gobiernos autonómicos sobre la parte del IRPF que pueden gestionar deberían aprobarse antes del próximo 1 de enero, cuando se prevé que empiece a aplicarse el nuevo régimen tributario.
La disposición transitoria vigésima octava establece que, "en el supuesto de que la Comunidad Autónoma no hubiera aprobado con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley XX/2014 [la reforma fiscal articulada en el actual anteproyecto] incrementos o disminuciones en las cuantías correspondientes al mínimo personal y familiar, o la nueva escala autonómica aplicable a la base imponible general", el gravamen autonómico se determinará desde el próximo 1 de enero "aplicando las cuantías correspondientes al mínimo del contribuyente y a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad (...) de esta Ley" y la escala también prevista en la misma.










