En este sentido, el compromiso entre la Corporación insular y Fepeco es garantizar los constructores que se "cumplirán las condiciones pactadas en los contratos y que los cobros se abonarán en tiempo y forma".
El aplazamiento de pagos entre 180 y 250 días por parte de las grandes constructoras ha llegado a convertirse en práctica habitual, "plazos a todas luces desmedidamente largos y que en la actualidad están poniendo en serios aprietos a muchas pequeñas y medianas empresas, incluso abocándolas a su cierre", según apunta el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis García Martínez.
Tal y como los constructores han trasladado al Pleno de la Cámara de Comercio, la demora en los pagos se ha disparado hasta los 277 días, pese a que la ley lo fija en 60 días. A juicio de García Martínez "la situación es tremenda, pero nuestras empresas no se atreven a denunciar, ya que saben que, si lo hacen, se quedan fuera del juego".
Asimismo, el presidente de la Cámara califica esta situación de "abuso de fuerza" y pide al resto de las instituciones regionales, insulares y corporaciones locales que imiten al Cabildo de Tenerife y mantengan una unidad de acción para defender el trabajo y el empleo de las empresas Canarias".
Añade, además, que las administraciones públicas canarias "no pueden permitir que "las grandes constructoras con su posición de privilegio minen la fuerza y la capacidad negociadora de la pyme para negociar plazos y condiciones que mejor se adecuen a su economía".
La Cámara y Femete apoyan también a la patronal de la construcción en su reivindicación de que se repartan las obras entre el mayor número de firmas posible y que se apliquen medidas contra las bajas temerarias en las ofertas que presentan algunas empresas a los concursos públicos.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, "sin cobrar y sin poder acceder al crédito, el futuro no parece fácil". Asimismo considera que "sin la recuperación de la construcción no se saldrá de la crisis en Canarias ni se generará todo el empleo que se necesita porque el sector servicios no puede generar por si solo todos los puestos de trabajo que precisa el Archipiélago".
