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14 Ene

El BCE podría comprar deuda pública si cumple determinadas condiciones

Internacional/ El programa de compras ilimitadas de deuda pública en el mercado secundario del Banco Central Europeo (OMT, por sus siglas en inglés) "es compatible, en principio, con los Tratados", pero deberá cumplir con determinadas condiciones cuando se ponga en marcha, según el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón, publicado este miércoles.

El programa del BCE -que no se ha aplicado nunca- fue anunciado por el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en verano de 2012 y al que se atribuye haber puesto fin a la crisis que amenazaba la existencia del euro.

La opinión del abogado general no es vinculante, aunque los jueces de Luxemburgo siguen sus recomendaciones en el 80% de los casos. La sentencia final se conocerá en los próximos meses. Sin embargo, este documento puede influir en el plan que prepara actualmente el BCE para comprar bonos soberanos.
Si comprase bonos de un país no podría participar en su rescate

Según el dictamen de Cruz Villalón, el programa del BCE respetará los Tratados de la UE siempre que el organismo emisor lo motive adecuadamente y el BCE no participe directamente en el rescate financiero al país del que adquiere los bonos.

Así, concluye que el programa OMT "no infringe el principio de proporcionalidad y puede considerarse lícito a condición de que, cuando llegue la hora en que ha ya de aplicarse, se cumplan estrictamente el deber de motivación y las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad".

Además, el abogado general exige que la compra de la deuda pública no debe distorsionar la formación de precios en los mercados, con el objetivo de evitar la especulación.

El dictamen responde a una cuestión planteada por el Tribunal Constitucional de Alemania, que puso en duda que este programa se ajuste a los Tratados, pero decidieron por primera vez en la historia elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Influencia sobre el nuevo programa que prepara el BCE

El dictamen de Cruz Villalón podría tener una gran influencia sobre el nuevo programa de compra de deuda que prepara el BCE para combatir los riesgos derivados de la baja inflación, y que está previsto que se anuncie el próximo 22 de enero.

Este futuro plan choca de nuevo con la oposición del Bundesbank, el banco central alemán. También coincide con nuevas especulaciones sobre la salida de Grecia del euro tras las elecciones del 25 de enero.

"Dentro de su mandato, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente", dijo Draghi durante un discurso en Londres el 26 de julio de 2012 al anunciar este programa de compra ilimitada de deuda. Sus palabras lograron calmar a los mercados y empezar a reducir las primas de riesgo de países como España o Italia, que estaban marcando máximos.

El citado programa del BCE establecía la compra de deuda pública de los Estados de la eurozona en los mercados secundarios bajo determinadas condiciones: que los Estados concernidos debían estar sujetos a un programa de asistencia financiera de uno de los fondos de rescate europeos (el temporal o el permanente), que las compras debían ira acompañadas de compras por parte de esos fondos europeos en el mercado primario (autorizadas por unanimidad por los Estados miembros), que las operaciones se centrarían en los plazos de deuda más cortos, que el BCE recibiría el mismo trato que los acreedores privados, y que el BCE se comprometía a drenar todo el exceso de liquidez generada por esas compras.
Las condiciones del abogado general

En concreto, el Tribunal Constitucional alemán preguntó a la Corte europea si el programa de compra ilimitada de deuda, que nunca se ha puesto en marcha, excede el mandato del BCE en materia de política monetaria, usurpa competencias de los Estados miembros e infringe la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros impuesta por los Tratados.

La respuesta del abogado general de la Corte de Luxemburgo a la cuestión de si el programa OMT constituye en realidad una medida de política económica en vez de monetaria, señala que "es una medida no convencional de política monetaria" y sus objetivos son, "en principio, legítimos".

Sin embargo, dado el significativo papel que el BCE desempeña en los programas de asistencia financiera (diseño, aprobación y vigilancia periódica), el dictamen señala que "en determinadas circunstancias podría entenderse que su actuación constituye más que un mero apoyo a la política económica", por lo que advierte de que "si se llegara a aplicar el programa OMT, para que éste mantenga su carácter de medida de política monetaria, el BCE debe abstenerse de participar directamente en el programa de asistencia financiera aplicado al Estado afectado".

El dictamen advierte además de que el programa OMT es "una medida inacabada", ya que en el comunicado de prensa de 6 de septiembre de 2012 "solo se expusieron sus características técnicas básicas, no se ha aprobado formalmente, y su aplicación concreta no ha tenido lugar".

Por esa razón, avisa de que "si el programa llega a ponerse en práctica, tanto el acto jurídico que le dé forma como su aplicación" deberán explicar "adecuadamente la adopción de una medida no convencional (...), identificando con claridad y precisión la circunstancia extraordinaria que la justifica".

Respecto a la segunda cuestión del tribunal alemán sobre si el programa viola la prohibición de financiar directamente a los Estados miembros, el abogado general recuerda que "esta prohibición es una regla fundamental del marco constitucional que rige la Unión Económica y Monetaria", por lo que "sus excepciones deben interpretarse restrictivamente".

Indica que los Tratados "no prohíben las operaciones en el mercado secundario (pues de lo contrario se estaría privando al Eurosistema de una herramienta indispensable para el normal desempeño de las funciones ligadas a la política monetaria), pero sí exige que, cuando el BCE intervenga en dicho mercado, lo haga con garantías suficientes que permitan conciliar su intervención con la prohibición de financiación monetaria".

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