Para Oettinger es "esencial que España recupere la confianza de los inversores con un marco legal que no contemple regulaciones retroactivas" y se ha "comprometido" a llamar al ministro de Industria del Gobierno de España, José Manuel Soria, para crear un grupo de trabajo, "supervisado por la propia Comisión, para que establezca un nuevo marco regulatorio energético que aporte seguridad y previsibilidad en la normativa de aplicación para el sector".
Así se lo ha trasladado Oettinger a Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), con quien ha estudiado "la problemática que está afectando a miles de productores fotovoltaicos españoles". El comisario ha reconocido que "el precio de producción de la energía fotovoltaica se ha reducido gracias a las inversiones que realizaron los primeros productores".
El comisario estaba "interesado en conocer la situación que padecen miles de productores fotovoltaicos españoles que invirtieron sus ahorros ante el llamamiento a la producción de energías renovables que realizó en 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que incentivaba la inversión de los particulares para implantar y desarrollar estas tecnologías, cumplir con los compromisos europeos y de Kyoto de reducción de emisiones de dióxido de carbono y para iniciar el camino hacia un modelo energético sostenible", explicó Martínez-Aroca tras el encuentro.
"Sin embargo, pocos meses después de que ya estuvieran realizadas las inversiones e instaladas las plantas, el mismo Gobierno, a través de otros dos Reales Decreto consecutivos modificó drásticamente, y con carácter retroactivo, las condiciones y los incentivos establecidos, de tal forma que, de unas previsiones de rentabilidad razonable, el colectivo atrapado por estas normas retroactivas desarrolla una actividad que le genera pérdidas económicas importantes", recordó.
La entrevista, dijo, ha tenido lugar "a escasos días de la nueva reforma energética, ante rumores sobre nuevos recortes retroactivos en el sector renovable. Esta situación, no sólo impacta de manera negativa en los productores de energía fotovoltaica, sino que ha generado un nefasto escenario de inseguridad jurídica que lastra el desarrollo de las energías renovables en España, y además ha tenido un eco internacional de tal magnitud que ha llevado a muchos bancos y fondos de inversión a desaconsejar las inversiones en España en otros sectores de actividad económica", concluyó Martínez-Aroca.
