Una de las medidas en estudio es la prohibición de ingredientes en los cigarrillos, basada en un criterio claramente subjetivo, de "aparente" atractividad. Esta iniciativa supondría la exclusión del tipo de cigarrillos más consumido a nivel mundial, el American Blend, sin ninguna base o evidencia científica, sino en función de criterios subjetivos y que claramente suponen restricciones unilaterales y barreras al comercio internacional. Todos nosotros compartimos la necesidad de que los productos del tabaco estén estrictamente regulados, sin embargo, creemos que cualquier iniciativa regulatoria al respecto, debe estar sustentada en una evidencia científica sólida y en este caso en particular, pensamos que se trata de una medida claramente desproporcionada que ocasionaría en Canarias la destrucción de toda la industria relacionada con el tabaco.

 

Por otro lado, en el documento se plantean también la adopción de un paquete genérico, el uso de advertencias sanitarias de tamaño excesivo en el empaquetado y la prohibición de exhibir el producto en el punto de venta. Estas medidas se presentan sin el respaldo de pruebas que demuestren que se reduciría el consumo o que se lograrían otros objetivos de salud pública. En este sentido, es fundamental tener en cuenta que el empaquetado genérico, favorecería una competencia en precios que generaría productos del tabaco más baratos y además estimularía el comercio ilícito, al hacer más fácil y barato para los falsificadores copiar el empaquetado estandarizado. Además, esto conllevaría la destrucción de más puestos de trabajo indirecto, desde empresas litográficas, explotadores de máquinas expendedoras, hasta empresas encargadas de publicidad, muebles, azafatas...Cabe recordar que los puestos de empleo indirecto en este sector ocupan a más de 2.000 personas en el archipiélago.

Todas las medidas enunciadas anteriormente tienen en común que buscan hacer de las distintas marcas de cigarrillos un producto indiferenciado para los que la única forma de competencia es vía precio y, en este escenario, es fácilmente imaginable las consecuencias negativas que esto tendría para toda la cadena de valor. En el caso de Canarias, teniendo en cuenta que es una de las comunidades autónomas más castigadas por la crisis económica y el desempleo, las consecuencias serían nefastas para un sector que siempre se ha considerado estratégico dentro del desarrollo industrial canario.

Es necesario, por tanto, hacer llegar estas consideraciones a la Comisión Europea y a la Comisión Interministerial Española coordinada por la Secretaría de Estado para la UE, para que sean tenido en cuenta nuestros reparos durante el proceso de revisión de la Directiva 2001/37/CE.