La norma da precisamente a este organismo estatal amplios poderes para actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación. En todos los casos, esas medidas comportarán pérdidas para los inversores, aunque no está claro si para todos, porque los tenedores de bonos senior, que tienen prioridad de cobro, pueden quedar al margen.
Valoración de inmuebles y de títulos de deuda
Una de las novedades principales del real decreto es la creación del banco malo, que permitirá aislar los activos tóxicos de las entidades financieras, fundamentalmente sus malas inversiones inmobiliarias. Esa sociedad se espera que comience a funcionar en noviembre, una vez conocidas las valoraciones que aplicará a los activos que adquiera y la forma de financiarse, algo clave para el conjunto del sector inmobiliario y, obviamente, para la recuperación del dinero que pondrá el Estado. El Gobierno dice que recuperará su inversión.
Por otra parte, el borrador de real decreto filtrado la semana pasada avisa de que los particulares que compraron participaciones preferentes y deuda subordinada a Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia tendrán que aceptar obligatoriamente las nuevas condiciones que imponga el FROB.
El FROB cuenta con varias opciones como la recompra al precio que fije el propio organismo, que no podrá superar el "valor de mercado" y lo que les acarrearía fuertes pérdidas. Según Efe, el sector financiero ha interpretado que esa opción sólo será aplicable a quien quiera recuperar su dinero de forma inmediata, ya que se podrían canjear preferentes por depósitos o bonos, con los que los ahorradores podrían recuperar parte de lo invertido. No obstante, el ministro de Economía, Luis De Guindos, recordó el miércoles que las ofertas que las cajas nacionalizadas hagan a los tenedores de participaciones preferentes serán aprobadas por Bruselas "caso por caso".
Por otro lado, el Gobierno también ha decidido limitar más la remuneración fija que pueden percibir los responsables de entidades financieras con ayudas públicas, que alcanzará como máximo 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos en febrero en la primera reforma del sector llevada a cabo por este Gobierno. Para las nacionalizadas se mantiene el límite de 300.000 euros, como quedó en la segunda limitación aprobada hace solo unas semanas.
Entre otras novedades, también destaca que las entidades financieras españolas tendrán que elevar antes de 2013 su nivel de solvencia del 8% al 9%, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos: Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia. La nacionalización de esta última entidad fue el desencadenante de la segunda reforma financiera en mayo y de la petición del rescate para el conjunto del sector.
