En los últimos años el incremento de la demanda de viviendas vacacionales como alternativa al turismo tradicional (Hoteles y apartamentos), unido al emergente mercado de las plataformas de alquiler digitales, han contribuido a un notable encarecimiento de los precios de alquiler de todo tipo de viviendas. En términos globales, las cifras pueden no parecer muy escandalosas. Así por ejemplo, durante el primer trimestre de 2017 el precio del alquiler en Canarias se ha elevado un 5%. Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife lo ha hecho un 2,2% y en Las Palmas un 7,6%. Sin embargo, dependiendo de la zona, estas cifras pueden verse muy superadas, así por ejemplo en municipios del sur de Tenerife, esta cifra se eleva hasta el 48,7% en Arona, o el 44,1% en Adeje. En otros casos, el problema afecta a islas completas como Lanzarote o Fuerteventura, con incrementos que superan el 50%. Como dato, baste señalar que, según la inmobiliaria Don Piso, a mediados del mes de junio, en toda la isla de Lanzarote, apenas había 17 viviendas disponibles en alquiler para residentes. Cifra, a todas luces insignificante para su población.
Con la llegada de septiembre, todavía en temporada alta para el turismo, y con millares de docentes, médicos, funcionarios y profesionales de todo tipo incorporándose a sus lugares de destino para el próximo curso, es más que previsible que la situación se vuelva caótica. El problema se irá agravando con los nombramientos del profesorado posteriores a esa fecha. Todos estos docentes se tropezarán con grandes dificultades para encontrar dónde vivir y los que encuentren residencia lo pagarán muy caro por culpa de la inacción del Gobierno de Canarias.
Para el STEC-IC, es hora de que el Gobierno de Canarias priorice el bienestar de los residentes canarios. Es necesario regular el mercado de la vivienda ocupacional. No basta con hacer una chapuza que conforme a unos y disguste a otros, porque esas soluciones ya sabemos que suelen acabar en los tribunales y, a juzgar por lo que ocurrió con la anterior regulación de 2015, no parece que haya sido un buen ejemplo. De hecho, para muchos expertos, estamos ante una "desforestación" del mercado de alquiler residencial y son muchas las voces que apuntan al fallido decreto de 2015 como causante de este desmán. Entre la jungla de la actual desregulación y un mercado ordenado y con ciertas pautas que eviten los actuales abusos, hay un enorme espacio para que todo el mundo pueda quedar satisfecho.
Por otra parte, la nueva construcción de vivienda residencial también es una materia en la que el Gobierno de Canarias "necesita mejorar", así por ejemplo, frente a un crecimiento poblacional del 13,11% en los últimos años, la vivienda de nueva construcción en Canarias ha representado en el mismo periodo un pírrico 0,17% del total del parque de vivienda. Se dan casos tan notorios como que en Lanzarote y Fuerteventura, el crecimiento poblacional ha sido del 23%, sin embargo el gobierno no tiene previstas viviendas de nueva construcción.
Lo anterior tendría sentido, si Canarias tuviera una normativa como la que se acaba de aprobar en Baleares, según la cual los grandes "tenedores de pisos", deberán cederlos para alquiler residencial cuando lleven más de dos años cerrados y exista necesidad de viviendas, evitando así la especulación en el mercado inmobiliario, pues es absurdo que mientras unos no encuentran casa para vivir, haya cientos de viviendas cerradas porque a algún gran especulador no le interesa ponerlas en alquiler ni tampoco venderlas. Otra medida del Gobierno Balear es un mayor control del uso que se da a las viviendas VPO.
El STEC-IC exige al Gobierno de Canarias una normativa justa y clara sobre todo tipo de alquiler de viviendas, a la par que medidas urgentes que acaben de inmediato con la situación descrita.