Berriel señaló cómo los acuerdos firmados con el Estado consignaban 207 millones de euros para financiar las obras de carreteras en Canarias durante 2013 y el Proyecto de Ley asigna apenas 54,19 millones, lo que supone una reducción del 73,83 por ciento sobre lo previsto.
El consejero explicó que los contratos que la Comunidad Autónoma tiene suscritos con las empresas constructoras se basan en un convenio plurianual "que ahora se vuelve a recortar de forma unilateral y sin un estudio previo para la reprogramación de las obras". Esto sucede además por segundo año consecutivo, ya que en 2012 la partida prevista era también de 207 millones de euros y, cuando se publicaron los presupuestos generales del Estado, en abril, "nos encontramos por sorpresa con un descenso hasta los 68,54 millones". En esta situación, continuó explicando, el Estado dejará de invertir en las carreteras canarias 291,27 millones de euros en el periodo 2012-2013, y todo esto "de forma unilateral y sin consulta alguna con la Comunidad Autónoma, para poder realizar una nueva planificación de las obras que permita mantenerlas en funcionamiento, lo que supone un ninguneo absoluto y una agresión en toda regla a la Obra Pública en Canarias".
En su análisis sobre la situación en la que quedarán las obras de carreteras, Berriel concluyó que, "si el Estado no se replantea la dotación económica y se sienta a negociar alternativas financieras, lo más probable es que tengamos que parar las obras y las empresas constructoras no puedan mantener su actual nivel de empleo en una de las comunidades autónomas con mayores tasas de desempleo". De hecho, los cálculos sitúan la pérdida de empleos directos en estos dos años en más de 4.000 y la destrucción de empleos indirectos alcanza los 12.000.
El consejero recordó que este año su departamento ha hecho un gran ejercicio de reprogramación y ha conseguido mantener las obras en funcionamiento gracias a la obtención de fondos FEDER y al adelanto del plazo que las constructoras tenían para devolver los adelantos que se habían realizado para el acopio de maquinaria y material.
Sin embargo, en 2013 no será posible la obtención de nuevos fondos FEDER para las carreteras y las empresas ya han devuelto la mayor parte de los adelantos realizados, por lo que si no se reconsidera el recorte "estamos abocados a la paralización de muchas obras de carretera en Canarias, con lo que ello supone de incremento del desempleo, pérdida de rentabilidad de las inversiones y riesgo para la seguridad en aquellas obras que haya que parar".
En este escenario, Berriel insistió en que la manera de aplicar los recortes "unilateral, sin negociación y, sobre todo, sin prever una reprogramación adecuada del calendario de obras", desembocará en retrasos de importancia y en cuantiosas peticiones de indemnización, que llevarán a la Comunidad Autónoma a denunciar judicialmente al Ministerio de Fomento por la "extrema gravedad" de sus reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados y del REF canario. Una denuncia en la que Canarias repercutirá al Estado los daños y perjuicios que reclamen las empresas adjudicatarias por la paralización de las obras y todos aquellos que se generen para la economía del Archipiélago, que no se limitarán a la pérdida de varios miles de puestos de trabajo.
Transportes
El área de Transportes también experimenta recortes de importancia en los presupuestos previstos para 2013, con disminución en las subvenciones al transporte aéreo, marítimo y terrestre, con la única excepción del aumento en 1,8 millones de euros de la partida para cumplir con las Obligaciones de Servicio Público en el transporte aéreo interinsular.
En cambio, la partida consignada para la bonificación por residencia se reduce desde los 191,6 millones de euros del año 2012 a 180,8 millones del próximo año. En este caso, apuntó Berriel, "los presupuestos permiten además que el Ministerio de Fomento pueda limitar en cualquier instante la cuantía de las ayudas, de forma que deja la puerta abierta a un encarecimiento sustancial en los desplazamientos de los canarios". De hecho, el texto del Proyecto de Ley señala textualmente que "la Ministra de Fomento podrá fijar mediante Orden Ministerial cuantías máximas bonificables para el transporte aéreo distinguiendo entre los diferentes mercados afectados".
Del análisis inicial del Proyecto de Ley se deduce además que "el Estado no sólo empeora las condiciones de la conectividad entre Canarias y el resto del territorio estatal, sino también dentro de cada una de las islas", según Berriel. El consejero se refería así a la supresión de los 5 millones de euros que se destinaban a subvencionar la modernización de la flota de vehículos para el transporte público de pasajeros, cuya dotación desaparece del convenio para el transporte terrestre de pasajeros, que pasa de 30 a 25 millones de euros.
A estas rebajas en las partidas para el movimiento de las personas y la renovación de las guaguas se une además la disminución en la subvención para el transporte de mercancías, que pasa de 20,2 millones de euros en 2012, a 18 millones para el próximo ejercicio y que se acumula con la registrada desde 2011, hasta alcanzar el 50 por ciento de reducción. De esta manera, el consejero autonómico entiende que "si el recorte en carreteras incrementará el desempleo, el recorte en el transporte de personas y mercancías aleja a Canarias del resto de Europa y podrá aumentar aún más el coste de la cesta de la compra en las Islas, cuando es de las más caras del Estado".
