La sentencia del Tribunal Supremo viene a ratificar que el Puerto de Granadilla, además de ilegal, no reporta ningún beneficio a Tenerife, al contrario provoca graves perjuicios ambientales, sociales y económicos. José Manuel Corrales señala que el puerto de Granadilla es un pelotazo de que se quiere consumar como operación especulativa rápida buscando beneficios a través del lucro cesante. Esta política de hechos consumados está provocando un daño medioambiental irreversible, ya que se está vertiendo material de forma incontrolada e ilegal con la connivencia y complicidades las administraciones públicas que miran para otro lado.
El edil de la izquierda plural (IU- XTF) recuerda además que en el pleno del ayuntamiento de Santa Cruz celebrado a finales de septiembre de 2011 se aprobó un acuerdo histórico en defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, y que cuestionaba por innecesario el Puerto de Granadilla. José Manuel Corrales arranco el compromiso no cumplido ni desarrollado por CC y PSOE que establecía de forma meridianamente clara que "el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife manifiesta de manera firme y rotunda que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife debe ser el PUERTO DE LA ISLA, y de la Provincia Occidental de Canarias, de tal forma que la actividad portuaria continúe siendo una de las principales actividades económicas del área metropolitana tinerfeña. A tal fin, además del desarrollo del tráfico de pasajeros, de cruceros y de embarcaciones de recreo, se deben mantener en este puerto las operaciones de abastecimiento de la isla."
El portavoz de Izquierda Unida-XTF lamenta que se esté asfixiando intencionadamente al puerto de Santa Cruz, "como demuestran los datos de la propia Autoridad Portuaria que dicen que el Puerto de La Luz y Las Palmas creció un 8,5% y el de Santa Cruz decreció un 10,5%", sólo para intentar "justificar lo injustificable" y lo que el propio Tribunal Supremo ha considerado ilegal como es el pelotazo del Puerto de Granadilla.
José Manuel Corrales señala que "no se están tirando cientos de millones de euros al mar, ese dinero público en tiempo de crisis y recortes acaba en los bolsillos de los de siempre".
IU-XTF considera necesario recordar que la artimaña legal utilizada por el Gobierno de Canarias para saltarse la paralización de las obras fue la aprobación por ley de un nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas que, sin ningún rigor científico y sin participación ciudadana, rebajaba de categoría de protección a la seba como especie, dejándola a efectos prácticos desprotegida en casi todo el archipiélago, lo que ha sido cuestionado abiertamente por el Tribunal Supremo.
