La sentencia de 4 de enero la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera probado que el Ayuntamiento pagó unos 182.000 euros por una parcela de terreno de 5.000 metros cuadrados a finales de los noventa que la arquitecto municipal valoró en unos 39.000 euros.
La intención del Ayuntamiento, a solicitud de un grupo de vecinos del barrio de El Mocanal, era adquirir los terrenos para construir una zona de aparcamientos y servicios en el Pozo de las Calcosas, en la costa de Valverde debido al incremento demográfico, especialmente durante el verano.
Según el TSJC, los terrenos no eran aptos para esa obra según el planeamiento urbanístico vigente, y la comisión de gobierno dio su aprobación a la compra pese a que la operación perjudicaba "gravemente" a la corporación local y generaba un "desorbitado" enriquecimiento económico a la parte vendedora, la empresa Fronpeca.
El por entonces teniente de alcalde, José Miguel León Quintero, también ha sido condenado a cuatro años de inhabilitación por prevaricación administrativa y un año y seis meses de prisión con suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de condena. Además, ambos tendrán que indemnizar al Ayuntamiento con el abono de 71.820,945 euros y un tercio de las costas procesales.
La otra edil implicada en el acuerdo de la Comisión de Gobierno, Manuela Padrón Hernández, ha sido absuelta íntegramente de los delitos por los que venía siendo acusada y se declara extinguida su responsabilidad penal por prescripción de los delitos. Contra la sentencia cabe recurso de casación.
