y que, en el caso de reincidencia, fuesen juzgados por la vía penal por delitos contra el medio ambiente y la salud pública.
Una iniciativa fue rechazada por el PP en la reunión de la Comisión de Agricultura celebrada hoy en el Senado. Quintero señala en un comunicado que, "curiosamente", el PP se apoyó en los mismos argumentos expresados en la pasada legislatura por la ex ministra de Agricultura, la socialista Rosa Aguilar, para cerrar las puertas a una modificación de la normativa vigente para disuadir a los importadores que recurren a prácticas fraudulentas para sortear los controles fitosanitarios.
Quintero pidió en su iniciativa que "se aumentase la cuantía de las sanciones administrativas actuales y que la recaudación se destinase a combatir las plagas y enfermedades que estas prácticas han introducido en Canarias".
También propuso que se realizasen las modificaciones necesarias para que en caso de reincidencia, el importador implicado fuese juzgado por la vía penal por delitos contra el medio ambiente y la salud pública. Y, por último, que se estableciese una indemnización al sector agrario por los daños que estas prácticas fraudulentas están ocasionando en las producciones canarias.
"Esta moción", explicó el senador nacionalista, "es una salida necesaria para poner fin al fracaso que supone la actual legislación en materia de control fitosanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias". Consideró que el Gobierno central ha sido muy indulgente en la aplicación de la normativa y que Canarias "ha sufrido las consecuencias de un coladero que ha provocado plagas y que ha puesto en jaque en muchas ocasiones a un importante número de producciones por la entrada de productos de manera irregular".
Asimismo, recordó que son "incontables" las denuncias que han presentado las instituciones y los propios agricultores, aunque sus reclamaciones "han sido obviadas y sus quejas han tratado de ser acalladas con promesas que nunca se han cumplido". "Y eso lo sabe quien lo padece, pero sobre todo quienes se aprovechan de las debilidades del actual sistema para saltarse, una y otra vez, los controles existentes en Canarias", apostilló.
El senador herreño destacó que "los importadores que introducen productos de manera ilegal actúan con impunidad ante la incapacidad mostrada por el Gobierno para cortar con contundencia esta situación". Al respecto añadió que la realidad dista mucho de los objetivos que persigue la mencionada Orden y advirtió quelas prácticas fraudulentas de importaciones de productos hortofrutícolas "se suceden casi a diario en los puertos y aeropuertos canarios".
Quintero expuso que "su régimen sancionador es insuficiente, por no disuadir a los importadores de hortofrutícolas que cometen este tipo de fraude con las sanciones administrativas impuestas. Y no son disuasorias por una simple cuestión económica: obtienen mayores beneficios que los perjuicios ocasionados por el coste de las sanciones".
El senador herreño concluyó destacando que "el sector primario canario está sufriendo más que ningún otro las consecuencias de la profunda recesión económica que vivimos desde 2008. Los productores que subsisten pese a las adversidades económicas no sólo se tienen que enfrentar a un mercado cada vez más inaccesible y en el que juegan en desventaja con respecto a las importaciones de otros países. También deben hacer frente a las plagas causadas por la ausencia de férreos controles fitosanitarios y a un sinfín de factores que ponen en serio riesgo su continuidad".
