La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso/ Administrativo del Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en su Auto de fecha 4 de junio, en relación con los incidentes de ejecución de sentencia planteados por El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, resolviendo que "el Real Decreto 1462/2001 no fue declarado nulo en su totalidad sino del modo parcial" y que en el Real Decreto 547/2012 aprobado por el Consejo de Ministros "no se ha tratado de eludir sino de dar cumplimiento a la sentencia corrigiendo la omisión destacada por la sala".
"Esto es algo que ya le advertía el grupo popular y, a pesar de todo, decidieron presentar dos recursos, por separado, con el consiguiente gasto de dinero público. A estos se sumará el del Cabildo de Fuerteventura".
El PP de Fuerteventura insta al Cabildo de Fuerteventura a que paralice el recurso que tiene previsto presentar ante el Tribunal Supremo porque, además de pagar la defensa letrada, los ciudadanos pagarán las costas del procedimiento.
"La campaña pseudoelectoral y personalista del Cabildo de Fuerteventura en contra del petróleo es un despilfarro: se gastan 94 mil euros en la defensa letrada, y más de 35 mil euros en pegatinas, camisetas y el pago de alojamientos y billetes para que un medio público de Canarias jalee a la gente durante una semana y que la ciudadanía acuda a la manifestación".
El contenido del auto del Tribunal Supremo aventura una futura decisión sobre el eventual recurso directo que pretende presentar el Cabildo de Fuerteventura contra el Real Decreto, ya que en el mismo, se establece que la actuación del Gobierno no ha hecho sino subsanar los defectos de los que adolecía el Real Decreto del 2001 y, por lo tanto, cumplir con la legalidad vigente para otorgar los permisos.
"El Tribunal ya está avisando que el Decreto se ajusta a Derecho por lo que no entendemos qué va a hacer el Cabildo de Fuerteventura presentando alegaciones que el propio TS entiende, y que, según la sentencia, irrelevantes y carentes de fundamento jurídico. Aún así, vamos a gastarnos 90 mil euros"
El contenido del auto del Tribunal Supremo viene también a desmentir las últimas declaraciones del presidente del Cabildo cuando asegura que "no se elaborarán estudios de impacto ambiental en cada sondeo por lo que se está vulnerando la Ley y favoreciendo a una empresa".
Los populares apuntan que La Sala lo deja claro, "antes de la autorización de cada trabajo específico se habrán de realizar los estudios pertinentes y aprobar los planes respectivos que identifiquen y cuantifiquen todos los posibles impactos derivados de la prospección, así como aprobar los planes de gestión medioambiental y de contingencias medioambientales".
