El convenio contempla una cuantía de cuatro millones de euros, financiado a partes iguales por el Ejecutivo autonómico y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Política Social y Sociosanitaria, a distribuir entre los seis servicios de casas de acogida y pisos tutelados que mantiene la institución insular, el programa de apoyo y seguimiento a las víctimas de violencia de género, los servicios insulares de atención integral a las mujeres afectadas, así como para financiar y desarrollar los programas municipales realizados con personal especializado directamente en los 21 municipios de la Isla.
El consejero de Política Social y Sociosanitaria, Francisco Santana, explicó durante su intervención que el Cabildo de Gran Canaria "es el que más aporta económicamente de todas las instituciones insulares de Canarias para combatir la violencia de género y proteger a las mujeres que padecen este problema". De hecho, el consejero matizó que el convenio aprobado en esta materia desde el Cabildo de Gran Canaria supera en 700.000 euros al financiado con la misma finalidad, por ejemplo, por el Cabildo de Tenerife.
"Este convenio se firma dentro de los plazos previstos, puesto que el aprobado por el anterior grupo de gobierno de la institución insular se cerró en abril del año pasado", dijo el consejero, quien también precisó que "si no lo hemos firmado con antelación ha sido por culpa del Gobierno de Canarias, que recientemente remitió a este Cabildo el tercer borrador del convenio y que pretendía que la institución insular lo firmara, después de que el gobierno regional hubiera introducido una modificación con total alevosía y sin consensuar con la institución insular. Este consejero no ha actuado con lentitud sino con prudencia", aseguró Santana.
Santana argumentó que "siempre se había garantizado, durante todo este tiempo, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, pero hay que cambiar el procedimiento porque muchos Ayuntamientos se están viendo perjudicados con el modelo de convenio contemplado hasta el momento". Santana también precisó que "nunca he tenido dudas de que la atención a las mujeres que sufren malos tratos debe ser prioritaria por parte de las instituciones". Desde este punto de vista, el consejero de Política Social y Sociosanitaria expresa que la corporación insular presta este servicio "por evidentes razones de interés público, puesto que el proceso de transferencias en tal materia por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias no se ha terminado de formalizar aún".
