"El contenido del auto es bastante extenso y está siendo analizado por los Servicios Jurídicos de la entidad", afirman.
Entre otras diligencias ordenadas por el Juzgado, se solicita a La Caja de Canarias información que," en su mayor parte, la entidad ya publicó en los informes anuales de Gobierno Corporativo de 2008 a 2011 y que fueron comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores".
La misma información se solicita también al resto de cajas de ahorros que forman el SIP.
"Como no podría ser de otro modo, La Caja atenderá puntualmente el requerimiento judicial de información en cuanto reciba el oficio que deberá librar el Juzgado", afirman.
El auto también prevé la toma de declaración todos los querellados si bien la determinación de la fecha está aún por acordar por el Juzgado.
La entidad y su presidente, Suárez del Toro, "se muestran tranquilos por los acuerdos y decisiones adoptados por sus órganos de Gobierno en el proceso de integración, proceso que fue supervisado por el Banco de España y contó con todas las autorizaciones necesarias".
