Respecto a los vertidos de materiales en la vía pública, si bien son los ayuntamientos los que tienen las competencias para retirarlos, el Cabildo comienza este lunes una campaña insular de limpieza de elementos abandonados en varios puntos comunicados por los propios ayuntamientos.
Estos puntos de vertidos en la vía pública están ya identificados y han sido recientemente comprobados por los especialistas del Cabildo y por los propios técnicos municipales.
Este plan de choque contra los vertidos de amianto en la vía pública comienza en los puntos negros localizados en el municipio de Telde, con especial incidencia en la costa de Aguadulce-Tufia, para continuar con Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Moya, Teror, Agaete, Firgas, San Bartolomé de Tirajana e Ingenio; por ese orden.
Respecto al resto de municipios, los ayuntamientos no han informado al Cabildo de puntos con restos de amianto en la vía pública o bien han comunicado la inexistencia de puntos de abandono en su zona.
El abandono incontrolado de materiales de amianto en la vía pública es uno de los problemas ambientales más importantes en la gestión de residuos de los municipios, tal y como se puso de manifiesto en las reuniones que el Servicio de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha mantenido con los diferentes ayuntamientos de la isla.
El amianto es un material de alta peligrosidad cuando está en mal estado, lo que hace muy costosa su manipulación de manera legal y segura, tanto para particulares, que no pueden afrontar los costes del tratamiento y retirada, como para los distintos municipios de la isla.
El uso del amianto, conocido popularmente como 'uralita', está prohibido desde 2001. Aún así, en muchas viviendas de la isla todavía existen elementos con amianto como bidones, techumbres o planchas. Este material no es peligroso mientras se encuentre en buen estado. Solo cuando empieza a deteriorarse hay que retirarlo con sumo cuidado, ya que al ser fracturado o desmenuzado forma fibras microscópicas que suponen un serio riesgo para la salud en caso de ser inhaladas.
La retirada del material en mal estado requiere de la actuación de alguna de las empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), lo cual tiene un coste muy elevado.
Por ello hay quien trata de deshacerse del material de forma clandestina y sin seguir ninguna medida de seguridad ocultando los restos en contenedores de destinados a otros residuos no peligrosos, o simplemente abandonándolos en la vía pública y otros lugares, lo cual supone un grave ejercicio de irresponsabilidad que pone en riesgo su salud y la de otras personas.
El abandono o vertido incontrolado de estos materiales supone una infracción medioambiental muy grave, pudiendo dar lugar a imposición de sanciones económicas desde los 30.050,61 euros hasta los 60.101,21 euros.
