Los jueces señalan que "no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años". Ello significa que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011.
El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.
Todas las comunidades autónomas cobran este impuesto especial que se creó en 2002 excepto Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias. La mayoría de ellas aplican el máximo de 4,8 céntimos por cada litro de carburante repostado. Las últimas en implantarlo han sido Baleares y Navarra.
El Ministerio de Hacienda matizó que el céntimo sanitario se derogó con la Ley de Presupuestos de 2012 en la configuración sobre la que se ha pronunciado el TJUE.
