En la convocatoria estuvo acompañador del profesor jubilado de la Universidad de La Laguna y licenciado en Químicas, Francisco Pulido; y de la vicepresidenta y del secretario de la Asociación Plataforma Jaraco de Puerto Naos y La Bombilla, Elena Jurado y Luis Antonio Pagés, respectivamente.
Langa González explicó que "los niveles de CO2 existentes en estas poblaciones son compatibles con la vida", y así lo determinó Francisco Pulido, quien aseguró que, según un estudio realizado por él, "las medidas para la exclusión de los vecinos no se sustentan ni tienen rigor científico". Y argumentó que el nivel de CO2 en estas áreas poblacionales "son similares a los que puede haber en un espacio cerrado con gente y que no representan ningún peligro".
En este sentido, el abogado Langa aseguró que "se presentan las medidas cautelares ante el peligro de que se retrasen la sentencia por el recurso presentando en noviembre ante el Cabildo de La Palma". "Esperamos -dijo el abogado- que el juez adopte las medidas necesarias para que los vecinos puedan volver a sus casas", pues esta situación "está ocasionando graves daños y perjuicios, materiales y psíquicos, irreparables. Situación que se agrava día a día", matizó Langa González.
Por su parte, el secretario de la Asociación Jaraco añadió que "no se ha aclarado nunca por qué nos desalojaron, pues esta no es una zona que esté en situación catastrófica. Además, las mediciones que nosotros hemos podido hacer demuestran que la calidad del aire es buena para la habitabilidad". Y calificó de "desidia" la actitud de los responsables políticos "que no acaban de resolver esta situación".