La solicitud de archivo afecta a los propietarios del puerto Marina Rubicón, Rafael Lasso, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas, al abogado Ignacio Díaz de Aguilar, el promotor Joaquín Cañada, José Francisco Riquelme, del Hotel Papagayo Arena y los empresarios vascos relacionados con el plan parcial Playa Blanca, Félix Leceta, José Ramón Olaberría y Ricardo Sánchez, así como José Carmelo González Clavijo y José Rafael Mesa Ferrer.
Este caso parte de la denuncia en el año 2006 que hizo Carlos Espino (PSOE), entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, tras pedir un informe al abogado Agustín Domingo Acosta sobre las licencias otorgadas por José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández en Yaiza y en Teguise. El denunciante llevó ese informe a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que inició una investigación.
El principal imputado en esta causa, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, estuvo cuatro meses en prisión preventiva y llegó a declarar que cuatro de empresarios le habían dado dinero para conseguir las licencias de los hoteles. Posteriormente se retractó de su declaración. También declaró que el yate de su hijo no pagaba por el atraque en el Marina Rubicón.
Reyes también confesó que había participado en operaciones con información privilegiada y que había recibido dinero por otorgar licencias con los informes preceptivos o con informes en contra. En los últimos cuatro años se le detectó un aumento del patrimonio de casi 800.000 euros sin justificar.
En el caso sigue imputado el propio Reyes, tres de sus hijos, su mujer, por blanqueo de capitales, cuatro funcionarios municipales de Yaiza, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife y abogado, Felipe Fernández Camero y los socios de una de las hijas de Reyes.
