Los nuevos correos que ha entregado Torres al juez José Castro se organizan en dos grupos, el primero de los cuales hace referencia principalmente al exconseller valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, que prestó declaración por esta causa como testigo la semana pasada en Madrid y negó haber pagado con dinero público a Nóos; y el segundo a la infanta Cristina.
La defensa de Urdangarin pidió a principios de este mes la nulidad de los correos electrónicos aportados al magistrado por Torres y puso en día la autenticidad de los mensajes y, por tanto, su valor probatorio.
Correos a la infanta y al secretario de las infantas
En uno de los últimos correos entregados, fechado en febrero de 2003, Urdangarin le envía a la infanta "una comunicación de Nóos" que tiene pensado remitir a clientes, colaboradores y amigos, y también a la empresa para la que trabajaba el duque de Palma entonces, Octagon. En abril de 2003 le envía un resumen de un artículo.
El marido de la infanta aseguró en su segunda declaración judicial que la hija del rey no hizo "absolutamente nada" en el instituto Nóos y añadió que formó parte de la junta directiva para aportar "transparencia".
En otro correo, de julio de 2003, el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, le manda a Urdangarin un "informe de evaluación de riesgos que pueden afectar a eventos extraordinarios a celebrar en las Islas Baleares", donde Nóos organizó dos foros sobre turismo y deporte.
También figura otro correo de febrero de 2004 en el que Urdangarin le pide a García Revenga que le remita una copia de un documento a la infanta Cristina de su parte. En diciembre de ese año, le envían al secretario de las infantas los currículum de Torres y Urdangarin, y posteriormente le hacen varias consultas sobre eventos previstos.
En el otro grupo de correos hay varias referencias al exconseller valenciano González Pons, que la semana pasada testificó ante el juez Castro en relación a un convenio por el que Nóos cobró 382.203 euros de la Generalitat para organizar en Valencia los Juegos Europeos 2006, que no llegaron a celebrarse.
En uno de los mensajes, el empresario Miguel Zorío explica al director del proyecto de los Juegos Europeos, Antonio Ballabriga, que el gasto lo autorizó el vicepresidente valenciano, Víctor Campos, y la organización "dependerá directamente del conseller portavoz, Esteban González Pons".
En otro correo le informa de una reunión con Campos y González Pons en el despacho del vicepresidente.
