Además, pide a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre si existen eventuales vinculaciones entre donaciones supuestamente percibidas por el PP, procedentes de imputados en la causa, y contrataciones a las empresas de estos por parte de administraciones públicas gobernadas por los populares, lo que podría constituir posibles delitos de cohecho.
Ante la documentación recabada por el juzgado el juez decide solicitar a los peritos judiciales de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado los citados informes que determinarán si existen los citados delitos.
A los primeros, los de Hacienda, les pide que determinen la posibilidad de delitos contra la Hacienda Pública (art. 305 del Código Penal) en relación con "las obligaciones fiscales" del PP sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante (los anteriores habrían prescrito).
Así mismo, consulta sobre los incumplimientos de personas físicas y jurídicas supuestamente perceptoras de rentas procedentes de la denominada "Caja B" del PP, para los mismos ejercicios, teniendo en cuenta además el IVA.
En dichos informes deberán los peritos calcular las cuotas que en cada caso proceda, es decir, qué cuotas se pudieron defraudar, y en este sentido el juez apunta en concreto que estudien el caso de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede del PP y que podría haber cobrado en dinero negro a cambio de dicha tarea.
En el segundo bloque de informes el juez pregunta a la Intervención si hubo vinculación "entre las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP" a través de los imputados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas (los dos ex tesoreros del partido incriminados en la causa) y contratos concedidos por las administraciones públicas controladas por esta organización de las que hayan resultados beneficiadas las sociedades donantes.
Así mismo, el juez han resuelto rechazar el recurso que ante él presentó el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión preventiva por esta causa, en contra de la fianza, para cubrir sus eventuales responsabilidades civiles, de 43.250.000 euros.
El rechazo por parte del juez, que era previsible porque el juez ya tomó esta decisión, abre el plazo de diez días que el magistrado concedió para que Bárcenas deposite la fianza citada, pues de no hacerlo podría acordarse el embargo de sus bienes.
Ruz pregunta al fiscal si tiene que citar a Rajoy
Por otra parte, el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en la pieza separada sobre una supuesta contabilidad B en el PP, tal y como pidieron dos acusaciones.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) reclamó esta semana al juez que cite como testigos a Rajoy, a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores en este cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y al exministro Jaime Mayor Oreja.
Según los manuscritos de Bárcenas sobre una supuesta contabilidad B en el PP, cuya autenticidad reconoció el extesorero el pasado lunes, las seis personas cuya declaración pide Adade habrían cobrado sobresueldos en metálico procedentes de donativos de empresarios.
Otra acusación, Manos Limpias, también ha pedido esta semana la citación como testigos de estas seis personas, además de los exministros Federico Trillo, Ángel Acebes y Jaume Matas y el empresario Miguel Blesa.
