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11 May

El presidente del Supremo Carlos Dívar pasó gastos de 20 viajes a Puerto Banús en tres años

Según publica hoy El País y recoge elpais.es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, viajó 20 veces en fines de semana largos —la mayoría de ellos de cuatro días o más— al mismo hotel de lujo en Puerto Banús (Marbella, Málaga), desde noviembre de 2008 hasta marzo de este año, sin que en las fechas en las que se realizaron los viajes se tuviera constancia de actos oficiales que los justificaran. Los gastos que Dívar cargó a los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial por esos periplos se elevan a 18.654 euros.

Así figura en la ampliación de la denuncia que el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez presentó este jueves mismo en la Fiscalía General del Estado con información de otros 14 desplazamientos como complemento al escrito de denuncia por presunto delito de malversación de caudales públicos por seis viajes que interpuso el pasado 8 de mayo.

El fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, firmó este jueves un decreto por el que abre diligencias informativas para examinar la documentación que sobre esos primeros seis viajes denunciados remitió el Consejo del Poder Judicial. La denuncia original de Gómez Benítez se refería únicamente a seis desplazamientos, por importe total de 5.658 euros, todos en fin de semana, pero no pudo aportar las facturas porque solo pudo consultarlas y tomar nota de ellas en presencia del secretario general del Consejo, Celso Padrón. Las diligencias de investigación de la fiscalía para comprobar si los hechos revisten características de delito serán tramitadas por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.

Los indicios aportados por el vocal Gómez Benítez —catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense—, podrían constituir un delito del artículo 433 del Código Penal, que castiga con multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por un periodo entre 6 meses y 3 años a la autoridad que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones.

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