Además de los expresidentes, el juez incluye entre los acusados a seis exconsejeros andaluces: Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. El juez les atribuye a ellos también un delito de prevaricación.
Asimismo a Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y a Vallejo, les imputa también un delito continuado de malversación de caudales públicos.
La mayor novedad del auto es precisamente la imputación a Griñán del delito de malversación de fondos públicos, algo que el instructor del caso en el Tribunal Supremo no apreció y que, incluso, podría llevar a prisión al expresidente de la Junta. Con el anterior Código Penal, la pena de prisión prevista por malversación es de entre 4 y 8 años.
El magistrado del Supremo sólo atribuía indicios de malversación al exconsejero José Antonio Viera, cuya firma figura en los procedimientos específicos que repartieron a dedo ayudas de 1.000 millones de euros.
Primera pieza que se concluye del caso de los ERE
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluye dentro del caso de los ERE, y en ella el juez deja fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos y miembros del consejo rector de la Agencia IDEA, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio así como el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
En el auto, se relata que "entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía un procedimiento, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas que fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario".
El magistrado cifra en, al menos, 854,8 millones de euros los repartidos de forma discrecional o arbitraria.
Para el juez, en la ejecución de los hechos, intervinieron varias personas a lo largo del tiempo ya "sea participando de manera activa en los mismos, sea omitiendo, de manera absoluta, sus deberes de vigilancia y cuidado", y entre esas personas se encuentran los expresidentes Chaves y Griñán, así como seis exconsejeros.
El magistrado ha comunicado este miércoles a las partes el auto de transformación en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio. A partir de ahora, las acusaciones particulares tienen 45 días naturales para formular escrito solicitando apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Solicitan su baja como militantes del PSOE
Una vez conocido el auto, Chaves y Griñán han pedido su baja voluntaria como militantes del PSOE, han confirmado fuentes socialistas. Ambos exdirigentes se adelantan así a la decisión del PSOE, cuyo Código Etico establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.
Así se establece en el documento que aprobó la dirección del partido en octubre de 2014. En este texto, se fija en la apertura de juicio el momento de exigir responsabilidades a cargos públicos u orgánicos y militantes.
En el caso de la imputación, el documento establece que los cargos afectados deben dar cuentas ante la Ejecutiva Federal, que podrá tomar "las medidas estatutarias oportunas" en función de "los hechos y su gravedad". La presidenta de la Junta, Susana Díaz, había prometido que no mantendría a imputados en su Parlamento ni los llevaría en las listas, yendo así un paso más allá del Código Etico.
Los expresidentes de la Junta fueron acusados por la juez Mercedes Alaya. Dada su condición de aforados en aquel momento -Chaves era diputado y Griñán, senador-, su actuación fue analizadas en el Tribunal Supremo por el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que encontró en su actuación indicios de prevaricación.
Tanto Chaves como Griñán ya renunciaron a sus respectivos cargos en junio del pasado año tras ser inculpados por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE, aunque siguieron afiliados al partido. Ambos perdieron su condición de aforados al dejar sus escaños, por lo que el caso regresó a los juzgados sevillanos en 2015. Ahora el juez da por terminada la instrucción sobre la trama.
Las reacciones no se han hecho esperar: Desde el PSOE "confían" en la inocencia de ambos; Podemos lo ha calificado de "vergüenza" para Andalucía; para el PP, es como "acaban cuatro golfos" y Ciudadanos ha valorado que se ponga "en su sitio" a los dos expresidentes.
