El acto tuvo lugar en la sede de la Asociación de Vecinos 7 Islas, de El Sobradillo, y contó con la presencia del octavo teniente de alcalde y concejal del Distrito Suroeste, Hilario Rodríguez, así como de casi un centenar de residentes en la zona, que mostraron su respaldo a este documento
En virtud de este acuerdo, la plataforma cede a los técnicos municipales sus aparatos de medición para detectar si las operadoras de este tipo de tecnología vulneran la ley y la ordenanza y actuar en consecuencia. En caso de confirmarse este extremo, se realizarán actuaciones tendentes al planteamiento de denuncias ante las administraciones estatal y autonómica, competentes en materia de protección de la salud.
Asimismo, se plantea la necesidad de realizar un estudio epidemiológico del que puedan desprenderse las enfermedades más comunes en aquellos ámbitos relacionados con la incidencia que las estaciones radioeléctricas de comunicación y las antenas de telefonía móvil puedan tener sobre la población. En este sentido, ya se trabaja con el Servicio Canario de Salud para elaborar cuadros epidemiológicos y estadísticas sobre las enfermedades en el municipio, en función de si el núcleo poblacional tiene o no este tipo de estaciones radioeléctricas.
Del mismo modo, el Pleno municipal acordó el pasado 12 de julio la modificación de la ordenanza de Telecomunicaciones vigente, para establecer zonas preferenciales de ubicación de antenas, así como fijar obligaciones tales como la de compartir las instalaciones por parte de los operadores, ya que existe jurisprudencia al respecto que declara que el uso compartido debe imponerse siempre que lo requieran los intereses medioambientales o urbanísticos y que éstos deben ser protegidos por las corporaciones locales. José Ángel Martín indicó que el espíritu de la misma es "sacar de la trama urbana las estaciones que funcionan al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, conciliar el uso de la tecnología y la cobertura para los teléfonos móviles con el derecho a la salud y la obligación que tienen los estamentos públicos de adoptar medidas preventivas".
También se establece que el Plan Especial de Ordenación de Antenas de Telefonía Móvil, en proceso de redacción, junto a la ordenanza de Telecomunicaciones y las determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación (PGO), serán las herramientas a utilizar para la organización de las redes de telecomunicaciones en el municipio. Así, con independencia de las determinaciones contenidas en el PGO, las competencias municipales serán complementadas mediante un plan especial que fijará la red de servicio, junto a una ordenanza reguladora que determine los emplazamientos de las antenas de telefonía móvil.
También se informó de que, una vez aprobado inicialmente el mencionado plan especial, se determinará, desde el momento de su publicación, la suspensión automática del otorgamiento de licencias por un periodo máximo de hasta dos años.
Actuaciones desarrolladas
Hasta el momento, la Concejalía de Urbanismo ha actuado contra aquellas antenas de telefonía móvil o estaciones radioeléctricas que se encuentran en situación irregular. En concreto, se han identificado 23 antenas de telefonía que tienen licencias en precario, con periodos de vigencia de dos años renovables, por lo que los técnicos municipales han instruido los correspondientes expedientes administrativos, en orden a la reposición de la realidad física alterada y para deducir las correspondientes responsabilidades que pudieran derivarse.
Ya se han realizado actuaciones contra la antena de telefonía móvil situada en la calle Caléndula, del Distrito Suroeste, y contra la de la calle Calabria, en María Jiménez. El 8 de marzo se dispuso la paralización inmediata de las obras que se ejecutaban sin licencia, tanto a al empresa titular de la instalación como a la que prestaba los servicios de mantenimiento y reforma, incoando, además, un expediente sancionador con fecha del pasado 28 de junio. Ante la falta de respuesta de la compañía operadora, el 31 de julio se dispuso que ésta debería proceder, en el plazo de un mes, a la reposición del estado originario de la realidad física alterada, con el fin de restaurar el orden urbanístico infringido.
Como quiera que la empresa tampoco cumplió con ese requerimiento, el 17 de septiembre se dispuso, de forma subsidiaria, la orden para la retirada de la antena y la eliminación de las instalaciones. El 18 de octubre se procedió al corte del suministro eléctrico de la antena situada en la calle Caléndula y el 7 de noviembre se requirió a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para que, en el marco del expediente sancionador incoado, dictara la oportuna orden de corte de suministro de energía eléctrica.
El 12 de noviembre, la empresa afectada aportó una copia del informe para suplir la antena de la calle Caléndula por otra en la calle Bicácaro. El 27 de noviembre, por último, se procedió a la ejecución subsidiaria de la antena, conforme a la resolución dictada el 31 de julio, para cuyo cumplimiento se solicitó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz el correspondiente mandamiento judicial de entrada que ordenara la liquidación de forma provisional y el importe de las obras e instalaciones a desmontar que correrán a cargo de la empresa obligada.