El recurso se ha interpuesto para que el Alto Tribunal clarifique el criterio aplicable en actuaciones con posible incidencia en espacios protegidos y para evitar interpretaciones que puedan suponer, en la práctica, una reducción de las garantías ambientales.
Desde el Ayuntamiento se subraya además que la sentencia no conlleva el otorgamiento automático de ninguna licencia y que cualquier resolución municipal debe adoptarse conforme a la normativa vigente y a los informes técnicos y sectoriales que correspondan.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón explicó que el Ayuntamiento ha presentado este recurso "para que se aclare el criterio aplicable y se mantenga el máximo nivel de protección ambiental", en defensa del territorio y de los espacios y zonas protegidas.
Además, señaló que "existe una clara necesidad de ordenar, regular y proteger el territorio" y añadió que, si dependiera únicamente de ella, "no se permitirían muchas de las situaciones que se están produciendo". No obstante, reconoce que la legislación genera en ocasiones este tipo de conflictos, por lo que desde el Ayuntamiento "seguiremos insistiendo, dentro del marco legal, en la protección del territorio, de los espacios y las zonas protegidas".
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, afirmó que "en un asunto como este, Arona está del lado de la protección ambiental y de quienes reclaman que se actúe con el máximo rigor para preservar enclaves de alto valor natural. En este caso nos encontramos ante un conflicto de qué ley aplicar y acabaremos aplicando lo que digan los tribunales, como siempre".