Este acuerdo marco comprende la colaboración entre los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales y Fomento, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y distintas entidades de crédito.
Tanto la séptima teniente de alcalde y concejala de Atención Social, Alicia Álvarez, como la edil responsable de Vivienda, Ángela Mena, no sólo han mostrado su conformidad con los términos generales de esta iniciativa sino que, además, recuerdan que el municipio de Santa Cruz de Tenerife ha sido pionero, más allá incluso de sus competencias, a la hora de afrontar este grave problema mediante la puesta en marcha del Protocolo Antidesahucios o el Servicio de Intermediación Hipotecaria.
De hecho, durante los últimos días ya se han establecido distintos contactos con las entidades bancarias que operan en Santa Cruz de Tenerife, con el fin de recabar la información necesaria acerca de cuántas viviendas existen en el municipio que cumplen con los requisitos necesarios para formar parte del Fondo Social de Viviendas. Entre ellos figura, de forma destacada, el hecho de que los inmuebles no requieran la realización de reformas para agilizar todos los trámites necesarios y que su ocupación pueda acometerse lo antes posible.
En cualquier caso, la dos concejalas coinciden a la hora de señalar que esta iniciativa puede ser otro paso adelante, "pero resultará aún insuficiente para solventar el problema, ya que la solución seguirá pasando, entre otras cosas, por reformar una Ley Hipotecaria anacrónica e injusta, y para ello será necesario alcanzar un acuerdo al que hasta ahora se ha sido incapaz de llegar en las Cortes Generales".
El objetivo de esta nueva iniciativa es que Santa Cruz de Tenerife pueda disponer de viviendas, propiedad de las entidades bancarias, para que aquellas personas que hayan resultado desahuciadas por el impago de su hipoteca, y cuya situación económica y social sea precaria, puedan acceder a residir en una casa de alquiler a bajo coste. De esta forma, el Consistorio capitalino se suma a una nueva iniciativa para paliar los efectos de la crisis entre las familias más vulnerables.