La administración municipal, dentro de sus competencias, inició el pasado mes de noviembre un expediente de denuncia por no contar con ninguna autorización favorable del Ayuntamiento.
A consecuencia de estos hechos, el pasado mes de enero se les comunica la propuesta de resolución por parte del Ayuntamiento imponiéndole a dicha mercantil una sanción de 78.132 euros de multa, como autora de una infracción administrativa contra la ordenación del territorio.
Desde el Consistorio granadillero se informa de que se ha actuado nada más detectarse la infracción, abriéndose dicho expediente e instándose a la retirada de la antena de telefonía móvil, ya que, entre otros motivos, dicha actividad no se encuadra entre los usos permitidos en esta zona por el Plan General de Ordenación Urbana. Por su parte, la empresa Telefónica Móviles ha recurrido la orden de retirada de la administración local ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, por lo que en estos momentos se está pendiente de resolución judicial.
El alcalde, Jaime González Cejas, quiere trasmitir un mensaje tranquilizador a los vecinos y las vecinas de este enclave pesquero, ya que se ha actuado de "forma contundente", al no contar la empresa con los permisos necesarios; además de pedirles la retirada del aparato de telefonía instalado de manera ilegal. Asimismo, el regente socialista explica que desde el Ayuntamiento se ha solicitado a una empresa especializada la realización de mediciones periódicas para vigilar que por parte de la empresa de telefonía no se ponga en funcionamiento la antena durante el tiempo que dure el proceso en los juzgados.
