Esta disposición transitoria indica, entre otras cuestiones, que "en municipios con planeamiento, los terrenos que, o bien cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales o estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie (...)", podrán acreditarlo en "un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley".
Langa González pidió una reunión de urgencia con el máximo representante del consistorio a raíz de la sentencia del TS que determina los cien metros de servidumbre de protección en Igueste de
San Andrés. En el encuentro, que también contó con la presencia del concejal de Urbanismo José Ángel Martín, el alcalde mostró su preocupación por esta situación y se comprometió a instar a todos los departamentos implicados a conseguir la información que acredite que este núcleo poblacional cuenta con todas las condiciones requeridas por ley.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo desestimó, el pasado 13 de marzo, los recursos presentados tanto por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como por el Cabildo de Tenerife para que en Igueste de San Andrés se aplicaran solamente los veinte metros de servidumbre pública al tratarse de un núcleo poblacional urbano consolidado mucho antes de que se estableciera la Ley de Costas en 1988.
Langa González ha pedido, con el mismo carácter de urgencia, una reunión también con el presidente del Cabildo insular Carlos Alonso y con la conseja insular de Planificación, Pino de León, con el fin de poner en marcha una comisión mixta entre las instituciones implicadas y la propia plataforma para evitar que en un futuro próximo se produzcan hechos como el de Igueste de San Andrés que "son evitables y que, por desgracia, crean mucha alarma entre los ciudadanos", añade el abogado.
