“Es una cuestión matemática, de contar los plazos y ver si el PGO tiene más de dos años de tramitación en la fase municipal, y efectivamente los tiene; los supera con creces”, señaló el edil de Sí se puede. La declaración de caducidad “no es una mala solución porque sabemos cómo están las distintas opiniones en Santa Cruz” sobre este documento, añadió el concejal, que recordó los aspectos relacionados con el fuera de ordenación, las zonas de actividades logísticas (ZAL), el planeamiento de la zona suroeste del municipio y el propio hecho de que el PSC-PSOE, socio de gobierno en Santa Cruz, “no se identifica” con este Plan.
El jurista Tomás-Ramón Fernández, una de las mayores autoridades del Estado en materia de derecho urbanístico, expuso ayer en el Ayuntamiento su tesis de que el PGO está caducado por una cuestión de plazos. En este sentido, el edil de Sí se puede destacó el hecho de que los técnicos municipales presentes en ese encuentro no pudieron replicar a Fernández su punto de vista con algún argumento que justificara una hipotética no caducidad.
Según Arcila, lo que procede ahora es declarar la caducidad, iniciar de nuevo el trámite a partir de la aprobación inicial e incorporar todas las modificaciones a las que se había comprometido el grupo de gobierno, incluidas las relativas al fuera de ordenación y a la modificación de la calificación como suelos urbanizables de uso industrial de las ZAL previstas en el documento actual. El procedimiento podría estar culminado en un plazo inferior a un año, aseguró el concejal ecosocialista.
