La base de este acuerdo ya fue propuesta por el CIATF el pasado abril en forma de convenio de colaboración entre el Consejo y los tres ayuntamientos, pero sólo el Ayuntamiento de Arafo aprobó esta propuesta; mientras que el resto pusieron condicionantes insalvables para su puesta en marcha. La reunión mantenida ayer con los tres consistorios en el Cabildo ha desbloqueado esta situación. El CIATF espera ahora que este convenio sea aprobado en los próximos plenos municipales para poder acometer las acciones destinadas a legalizar el vertido y dar respuesta al auto del pasado 13 de junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4.
Este acuerdo propone una hoja de ruta o plan necesario para cumplir los objetivos del citado convenio y que comienza con la elaboración un censo de los tipos de vertidos que emiten las empresas existentes en el polígono, actividad que el ayuntamiento de Arafo ya ha comenzado a redactar. Asimismo, se llevará cabo un censo de los vertidos urbanos que llegan a la estación de tratamiento de cabecera del emisario proveniente de núcleos costeros urbanos.
De forma paralela, se efectuarán análisis periódicos del medio marino afectado por los efluentes del Polígono, y se estudiará el estado de las instalaciones de vertido. Con los resultados de dichos estudios y las preceptivas autorizaciones de vertido y de ocupación del dominio público-terrestre del emisario, se definirán y pondrán en marcha las soluciones técnicas, siempre en coordinación con los organismos medioambientales.
El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, agradece la predisposición mostrada ayer por los tres ayuntamientos implicados en la adopción de este acuerdo y reitera su disposición a liderar este objetivo común que es el control, el seguimiento y la consiguiente legalización de los vertidos que produce el Polígono Industrial, con el fin de garantizar la protección ambiental y la actividad industrial.