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15 May

El CEST promueve cambios normativos para reforzar la seguridad jurídica de las actividades clasificadas y de ocio

Tenerife/ El Ayuntamiento de Adeje se ha comprometido a actualizar sus ordenanzas antes de julio.

Los empresarios vuelven a solicitar cambios legales propuestos desde hace varios años para seguir mejorando la oferta de ocio del municipio en la zona turística.

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha vuelto a trasladar esta mañana al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, una batería de propuestas y demandas que, según han advertido los representantes del CEST, tiene como principal objetivo impulsar las actividades que demandan y se ofrecen a los turistas adaptando las distintas normativas a la realidad actual. En este orden de cosas, los empresarios han defendido la necesidad de promover algunos cambios legales para agilizar la iniciativa empresarial, acabando así con obstáculos que están entorpeciendo innecesariamente la generación de economía y la consiguiente creación de puestos de trabajo.

En esta dirección, el Ayuntamiento de Adeje se ha comprometido a realizar antes de julio los cambios normativos necesarios para reforzar la seguridad jurídica de las actividades clasificadas y de ocio ámbito de su competencia. Las nuevas ordenanzas, en la que ya está trabajando la Corporación, permitirán entre otras cosas los usos relacionados con las festividades tradicionales, otras actividades clasificadas y de ocio.

En el transcurso de la reunión, que han mantenido directivos del CEST con el alcalde, los representantes empresariales han afirmado que los cambios que proponen atienden a la conveniencia de simplificar la normativa para nuevos emprendedores o empresas ya consolidadas, brindándose además a los clientes un servicio adecuado y con todas las garantías legales, y mejorando la seguridad jurídica de dichas actividades.

Además de solicitar a los representantes municipales que se aceleren los pasos para la aprobación del denominado mapa del ruido, documento técnico realizado por una empresa independiente hace meses, los representantes empresariales han planteado la oportunidad de revisar entre otras normativas una ordenanza, la de Medio Ambiente, significativamente mas restrictiva que la que rige en el resto del país. En este sentido, el CEST considera que la revisión de la ordenanza de playas ayudará de forma notable a adaptarla a las necesidades reales tanto de los turistas como de los empresarios, prioridades que están incluidas en el plan de acción para actividades clasificadas y de ocio del Círculo de Empresarios.

Como se recordará, en la actualidad se cuenta con una normativa única, de ámbito autonómico, que viene establecida por un reglamento del Gobierno de Canarias que regula las actividades clasificadas, dándose la circunstancia de que las corporaciones municipales interpretan de manera diferente dicho marco legal. Siendo esta situación de incertidumbre jurídica especialmente relevante y preocupante en los principales núcleos turísticos, el CEST ha puesto de manifiesto los problemas que genera que las principales actividades que demandan millones de turistas que nos visitan estén afectadas por ordenanzas municipales que en ocasiones difieren unas de otras.

En la reunión mantenida con Rodríguez Fraga, los representantes del CEST recalcaron que contar con un marco legal que dé garantías, seguridad y confianza tanto a quienes reciben el servicio como a quienes lo prestan debe ser un objetivo que las instituciones competentes tengan en lo alto de su agenda. A juicio de los empresarios, siendo el ocio un factor fundamental para seguir siendo un destino verdaderamente atractivo para millones de turistas, y contando el Sur de la Isla con una oferta cada mes mejor, más amplia y de calidad, es inaplazable acabar con obstáculos normativos innecesarios y dar con un marco legal que ayude a impulsar actividades que generan miles de puestos de trabajo, riqueza y oportunidades.

El CEST insistió en su encuentro con el alcalde de Adeje en que debe adaptarse la normativa para que los emprendedores cuenten con la imprescindible seguridad jurídica y para que las empresas ya existentes puedan desarrollar y consolidar sus actividades.

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