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11 Oct

El Gobierno ya advirtió de que incoará los procedimientos sancionadores oportunos en el caso de la viviendas de Añaza

Tenerife/ El Instituto Canario de la Vivienda remitió a principios de esta semana un escrito a las entidades inmobiliarias, dependientes del Banco Santander, en el que exige la paralización inmediata de los desahucios y la prórroga de los contratos a las familias.

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), iniciará los procedimientos sancionadores oportunos en el caso de las viviendas de protección oficial de Añaza si el banco Santander y las entidades inmobiliarias no facilitan información sobre la titularidad actual de los inmuebles e incumplen la regulación vigente en materia de vivienda protegida. Al tratarse de Viviendas de Protección Oficial (VPOs) en régimen especial hasta 2021, la entidad bancaria debe notificar a los inquilinos si se va a producir una venta, un proceso en el que Gobierno canario tendría opción de compra prioritaria.

El Icavi envió a principios de esta semana una comunicación urgente a la entidad bancaria y las firmas inmobiliarias para exigir la paralización inmediata de los desahucios, la prórroga de los contratos a las familias y la celebración de una reunión urgente para que se le facilite toda información actualizada sobre el posible proceso de compra venta de estas promociones. La Consejería no ha obtenido respuesta aún por parte de la entidad, por lo que ya estudia también iniciar otras acciones legales previstas para exigir que esa documentación obre en su poder.

La directora del Icavi, Pino de León, recordó que la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda es la competente en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma y, por tanto, quien tiene autoridad para iniciar todas las actuaciones que contempla la ley para proteger a las 358 familias que se están viendo afectadas. "El Gobierno de Canarias está llevando a cabo las acciones necesarias para conocer la situación exacta de cada una de esas viviendas y no va a permitir que ningún hogar se vea afectado por un presunto incumplimiento de la normativa de vivienda protegida", subrayó.
De León explicó que el pasado lunes se celebró una reunión entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias en la que se acordó llevar a cabo una actuación conjunta, pero siempre liderada por la Comunidad Autónoma, que es quien tiene las competencias, de cara a asegurar que ninguna de estas familias se vea expulsada de su hogar.

Esta situación se ha generado tras la intranquilidad manifestada por las familias arrendatarias de las viviendas que forman parte de las dos promociones de 179 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza -en las que viven 358 núcleos familiares- calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen de arrendamiento a 10 años. El Icavi ya solicitó formalmente información detallada de la situación de "todos y cada uno de las inmuebles".

En concreto, Vivienda remitió sendos escritos a las entidades Luri 6, Sociedad de Inversión Inmobiliaria, y Altamira Asset Management, SL, ambas vinculadas al Banco Santander, en los que se instó a las entidades a aclarar la situación creada y aclarar si se ha transmitido a sus arrendatarios la propiedad de alguna de las viviendas correspondientes a las dos promociones.

En tal caso se indicará en qué fecha tuvo lugar la venta, la identificación del comprador y la acreditación de su condición de arrendatario. Igualmente, se pide conocer si se ha transmitido a un tercero, persona física o jurídica, la propiedad de alguna de las viviendas correspondientes a las dos promociones. En tal caso se indicará en qué fecha tuvo lugar la venta y la identificación del comprador.

Además, se solicita si alguna de las viviendas correspondientes a las dos promociones citadas, se encuentra, actualmente, desocupada. En tal caso se exige indicar cuáles son y la identificación a su último arrendatario, así como la relación de arrendatarios con los que se haya suscrito contrato de arrendamiento respecto de cada una de las viviendas, debiendo indicar la fecha en la que los mismos hayan sido suscritos.

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