Yanes afirma que confía en que "el Gobierno de Canarias se opondrá finalmente a este despropósito" en el que se maltrata a las islas, e insta a que manifieste públicamente su desacuerdo con esta propuesta en la que los ciudadanos de las islas perderían la descentralización de la Administración de Justicia que se logró en décadas pasadas.
El Grupo de Gobierno recuerda que todo partió de un informe del Consejo General del Poder Judicial basado en criterios peninsulares que no tienen nada que ver con la realidad del Archipiélago, ya que "se pretende que el radio de acción de los juzgados sea mayor, lo que en la Península parece razonable pero en Canarias tiene unas consecuencias muy negativas para los ciudadanos, pues en Tenerife la distancia entre los puntos más lejanos es sólo de 87 km, además de no contar con los medios de transporte público que existen allí".
Luisa Castro y Carlos Romero consideran un despilfarro dejar de usar unas instalaciones como la de los Juzgados de Güímar, un edificio moderno pagado con dinero público, que cuenta con tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y que está preparado para albergar a un cuarto juzgado, algo que sí es necesario por el ingente trabajo que se acumula en sus dependencias. De esta forma, afirman que "trasladar a los funcionarios a otra sede no supone ningún ahorro, puesto que es el mismo personal y lo único que se logra es obligar a que más de cincuenta mil personas del Valle de Güímar tengan que desplazarse para acceder a la Administración de Justicia".
