Con esta iniciativa, el Gobierno autónomo se propone culminar entre 2013 y 2015 los colegios e institutos cuya construcción tienen carácter prioritario entre las demandas de las Islas, financiándolos mediante la fórmula de colaboración público-privada para la construcción y explotación de las infraestructuras educativas.
Dicha fórmula sigue los criterios de la normativa europea SEC-95, la cual, al traspasar la mayoría del riesgo de construcción y de disponibilidad de la infraestructura, dejaría fuera del balance de las administraciones públicas la inversión y, por tanto, sin efectos sobre el déficit y el endeudamiento público.
Entre las ventajas de este programa del Gobierno canario destaca también la posibilidad de materializar las cantidades destinadas a la Reserva de Inversiones de Canarias. La Ley del REF incluye para dicho fin a los "títulos valores emitidos por entidades que procedan a la construcción o explotación de infraestructuras o equipamientos de interés público para las Administraciones Públicas Canarias, una vez obtenida la correspondiente autorización administrativa o título administrativo habilitante, cuando la financiación obtenida con dicha emisión se destine de forma exclusiva a tal construcción o explotación".
El vicepresidente y consejero subrayó que "con esta iniciativa se podrán financiar los centros educativos que son más necesarios a día de hoy" y destacó que "con las construcciones y la gestión de los servicios complementarios se podrán crear más de dos mil puestos de trabajo en las Islas".
