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11 Feb

Pérez denuncia que el nuevo currículo está orientado a las reválidas y no al aprendizaje de las competencias básicas

Canarias/ Pérez: "Una vez más, tendremos que evitar que la incompetencia de un ministro afecte gravemente a la educación del alumnado".
El consejero considera, asimismo, que la reforma educativa consiste, sobre todo, en que el Estado aumente el control sobre los contenidos "y eso no es, en sí mismo, un factor de mejora".


La Formación Profesional Básica sustituirá a una medida de atención a la diversidad, que acogía a una gran cantidad de alumnado de enseñanzas adaptadas a las necesidades de las personas y a las circunstancias del territorio.

"Tras la última Conferencia Sectorial, podemos afirmar que el gobierno del Señor Rajoy y su ministro de Educación, están obligando a las Comunidades Autónomas a planificar el próximo curso escolar en las peores condiciones posibles". El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, argumentó esta afirmación manifestando que "el calendario previsto para la implantación de la LOMCE es muy precipitado, ignora los procedimientos administrativos definidos en cada una de las administraciones autonómicas y, probablemente, sea imposible de cumplir". Así, "una vez más, y me temo que no será la última, las comunidades autónomas tendremos que evitar que la incompetencia de un ministro afecte gravemente al funcionamiento de los centros y a la educación de nuestro alumnado", concluyó Pérez.

Efectivamente, el Ministerio no tiene previsto publicar sus decretos hasta finales de marzo o principios de abril, y ello no da tiempo material a las comunidades autónomas a actualizar su legislación, obligándolas a forzar sus procedimientos administrativos para cumplir con un calendario imposible. Además, "ello llevará a que los centros educativos comiencen el próximo curso escolar con un curriculo que desconocen y para el que no han tenido tiempo de adaptar sus proyectos educativos ni sus programaciones", argumentó Pérez.

Para el titular de Educación, "esta forma de proceder evidencia una grave ignorancia del funcionamiento del sistema educativo y supone un desprecio total a la autonomía de las administraciones autonómicas y de los centros educativos".

En lo que se refiere a la propuesta de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, Pérez manifestó que se sostiene sobre una importante contradicción, ya que, aunque reconoce la necesidad de seguir orientando la enseñanza obligatoria hacia la consecución de las competencias básicas, "en su contenido queda manifiesta una clara orientación hacia las reválidas de final de etapa, más que al desarrollo de las capacidades del profesorado y los centros para la selección de las tareas más adecuadas para que el alumnado aprenda esas competencias."

Formación Profesional Básica
El consejero de Educación lamentó que con la aprobación de este título se modifica la estructura del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, dando a este título "un mero valor simbólico".

Además, con la implantación de esta nueva titulación, las administraciones públicas tendrán que detraer los recursos de aquellos que inicialmente estaban destinados a aumentar y mejorar la oferta de los títulos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, "que son los que de verdad tienen valor educativo y laboral."

José Miguel Pérez continuó diciendo que lo cierto es que la Formación Profesional Básica "viene a sustituir a una medida de atención a la diversidad, como eran los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), para lograr el título de Graduado en Educación Obligatoria o, en su defecto, un certificado de profesionalidad." A ello habría que sumar el que el limitado número de títulos previstos en la nueva legislación educativa (catorce) supondrá la desaparición de PCPI, "que acogía a una gran cantidad de alumnado en enseñanzas adaptadas a las necesidades de las personas y a las circunstancias del territorio, lo que puede suponer una modificación sustancial del mapa escolar en Canarias."

Pérez concluyó manifestando que "a medida que avanza nuestra evaluación del impacto crece nuestra preocupación" ya que "seguramente tendremos que implantar la nueva titulación en centros que no disponen de equipamientos ni infraestructuras para ello, asumir gastos de transporte escolar que no teníamos previstos y ampliar la dotación de los gastos corrientes de los centros que acojan esta nueva titulación."

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