La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Canarias y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias comparten el interés, la dedicación y la preocupación por la coyuntura social, laboral y académica en la que se circunscriben las intervenciones socioeducativas con usuarios en el marco de la acción e intervención social, en los ámbitos de la reforma juvenil y la protección de menores y de la atención a personas con discapacidad, o que se desarrollan directamente desde las diferentes Administraciones Públicas.
Si bien es cierto que los caducos modelos asistenciales, comenzaron a superarse en nuestra comunidad autónoma a finales de los 90 mediante diferentes leyes, decretos y órdenes y que se han ido asentando unas bases más modernas del modelo de gestión y organización en la atención a usuarios, menores o personas con discapacidad, no menos cierto es que no se han concretado las funciones, titulaciones y perfiles de los profesionales de estos sectores, paradójicamente en la parte de la acción social que tiene la consideración de derecho fundamental en la Constitución Española: la Educación, y particularmente, la Educación Social.
Podemos concretar algunos de los fundamentos que han ayudado en la profesionalización de la Educación Social en Canarias:
• La publicación de diferentes Convenios Colectivos que han venido a regular las condiciones laborales y sociales de las Educadoras y Educadores Sociales.
• La Consolidación de la titulación universitaria de Educación Social.
• La Creación del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias (CEESCAN) y la aparición de directivas europeas que regulan los contratos públicos en el Tercer Sector.
• Las normativas que regulan los contratos públicos en el Estado.
• Las indicaciones y orientaciones del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.
• Los marcos normativos establecidos en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, etc.
Ante la situación actual, es necesario afrontar con decisión y garantías, para los actuales y los futuros profesionales de estos sectores, la regularización de la profesión con el objeto de fijar definitivamente las condiciones laborales, tareas, funciones y formación académica de quienes desarrollan su actividad profesional en éste sector. En vista de todo ello, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias sellan un acuerdo en el que ambas partes se comprometen a trabajar conjuntamente en cuestiones como:

• El reconocimiento de la categoría profesional de Educador y Educadora Social como la del profesional que lleva a cabo la intervención socioeducativa directa y especializada en los ámbitos de la Acción e intervención Social, la protección de Menores y la Reforma Juvenil y de la atención a personas con discapacidad.
• Instar a que la Administración Pública y las entidades colaboradoras que gestionen centros, programas y/o recursos en estos sectores reconozcan al profesional de la educación social como el personal de atención directa en los ámbitos ya descritos.
• Establecer los mecanismos necesarios para que los trabajadores que actualmente desempeñan su labor profesional en Canarias en el ámbito de la Acción e Intervención Social, así como en los sectores de la Reforma Juvenil o la Protección de Menores, o de la Acción e Intervención Social y de la atención a personas con discapacidad, con una antigüedad igual o superior a 2 años mantengan sus puestos de trabajo con las mismas funciones y retribuciones salariales que vinieran realizando y disfrutando y que hayan sido pactadas en los convenios colectivos de aplicación, así como las mejoras que en ellos se pacten para la categoría de Educador y Educadora Social.
• Disponer los mecanismos que permitan que las nuevas contrataciones en estos ámbitos se realicen exclusivamente bajo la categoría de Educador Social.
• Relevar progresivamente las categorías diferentes a la de Educador Social, bien por la jubilación de los trabajadores o cuando estos cumplan los requisitos legales establecidos para el desempeño de la profesión de Educador Social en Canarias.
• Modificar los diferentes Catálogos Profesionales en los convenios colectivos de aplicación, para que el personal que en la actualidad ocupe la categoría de Educador, o que bajo otra denominación realice funciones establecidas para la categoría de Educador Social, sea sustituida progresivamente por la de Educador Social, pasando las categorías actuales a extinguir, sin permitir nuevas contrataciones en ellas.
• Apoyar la creación de una Ley de Educación Social como garantía de intervenciones socioeducativas de calidad, que redunden en su efectividad y en el impacto en los usuarios, a la par que evite el intrusismo profesional y la precarización de los trabajadores.
• Impulsar la creación de una mesa tripartita donde estén representadas las administraciones públicas, organizaciones sindicales y patronales y que cuenten con el asesoramiento del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias, en lo referente al desempeño profesional de la Educación Social, así como en el desarrollo de los marcos normativos y reguladores de las intervenciones socioeducativas.
• Establecer mecanismos de interlocución directa y permanente entre los firmantes para la consecución de sus objetivos.
• Sumar a este acuerdo a toda aquella organización, administración o colectivo que comparte la necesidad de la realización de intervenciones socioeducativas profesionales y de calidad y que evite el intrusismo profesional y la precarización de los trabajadores.