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29 May

El Gobierno aporta cuatro millones de euros más para la mejora tecnológica de los centros educativos

Canarias/ El Gobierno de Canarias invertirá 4.143.874,60 euros, a través de la Consejería de Educación y Universidades, en la contratación de la adecuación y mejora de la conectividad, la LAN y de las infraestructuras de datos electrónicos de unos quinientos centros educativos dependientes de ese departamento autonómico.

De esta manera, la Consejería de Educación y Universidades da un paso más en su desarrollo del Plan de Modernización Tecnológica, con la renovación y dotación de todo el equipamiento necesario para que no existan problemas en el empleo de las nuevas tecnologías en las aulas, ni el las gestiones telemáticas que han de desarrollar las secretarías y equipos directivos de los centros del sistema educativo público de Canarias.

 

Una vez aprobado el gasto plurianual, podrá iniciarse el procedimiento para la licitación de este contrato, cuyo objeto formal es la ejecución del servicio dirigido a la ampliación adecuación y mejora de las infraestructuras de red de datos y eléctrica de los centros educativos públicos no universitarios gestionados por la CEU necesarios para acometedor con garantías los distintos proyectos educativos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El Plan de Modernización Tecnológica de la Educación en Canarias
Con el acuerdo de hoy, las inversiones del Plan de Modernización Tecnológica de la Educación en Canarias que el Consejo de Gobierno ha ido aprobando en diferentes sesiones, suman más de 29 millones de euros, a los que se añaden los más de 11 millones del convenio de la Consejería de Educación y Universidades con Red.es, que permitirá que todos los centros educativos de Canarias tengan conexión por banda ancha.

Así, el Gobierno aprobó más de tres millones de euros para el desarrollo del proyecto Brújula, por el que un equipo especializado está diseñando programaciones digitales, por niveles, que se acompañan de formación al profesorado en el uso de herramientas digitales, y permitirán contar con aulas que funcionen sólo con este tipo de enseñanza. Ya se han desarrollado y realizado las experiencias piloto de las programaciones digitales de 3º y 5º de Primaria y 1º de Secundaria. Este curso se están pilotando las de 4º y 6º de Primaria y 2º de Bachillerato y, el próximo curso, se añadirán al pilotaje las de 1º de Primaria y 3º de Secundaria y se generalizarán las de la primera fase.

El desarrollo de contenidos digitales y la formación al profesorado en la materia, han venido acompañados además de una inversión superior a los 11 millones de euros en los equipos necesarios para preparar a los centros educativos de las islas para la Educación más moderna.

Así, para la Educación Infantil y Primaria se han adquirido ya 10.640 ordenadores, 1.560 pantallas interactivas y 5.292 tabletas digitales, de manera que, a finales de este año, todas las aulas de Educación Primaria estarán digitalizadas y permitirán una interacción mucho más intuitiva del alumnado y el profesorado con los aparatos electrónicos.

Por otro lado, en Secundaria la inversión ha permitido adquirir más de 70 impresoras en 3 dimensiones, 11.618 ordenadores, 1.994 proyectores, 693 pizarras digitales y 4.655 tabletas, con lo que la digitalización en esta etapa también estará prácicamente terminadas, sobre todo si tenemos en cuenta que ya se ha aprobado la adquisición de más de 8.000 tabletas más para todos los niveles y más de 1.000 nuevos ordenadores, que se unirán próximamente a los que ya están instalados o en distribución.

Esta inversión en equipos se completó también con más de 2,3 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno en diciembre pasado, para adquirir casi 3.000 ordenadores de gama alta para diferentes ciclos de Formación Profesional.

Al margen de los equipos físicos, la Consejería de Educación tiene suscrito un convenio con el ente público Red.es, por el que se invertirán más de 11 millones de euros en la conexión de todos los centros educativos de Enseñanzas Obligatorias de Canarias por banda ancha, que se complementa con la inversión para la conectividad del centro de centros públicos.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó recientemente un gasto plurianual de 11,5 millones de euros para el sistema Cau_ce, es decir, el centro de atención al usuario de la Consejería de Educación y Universidades, que gestiona las incidencias y brinda asistencia técnica a todos los centros educativos que dependen de ella.

Como se aprecia por las acciones ya emprendidas en el Plan de Modernización Tecnológica, los centros de Canarias están muy cerca ya de tener todas las aulas digitalizadas, con contenidos digitales específicos para las diferentes asignaturas y personal formado en la nueva metodología, que impartirán sus lecciones en centros conectados por banda ancha y con el respaldo de un servicio técnico propio.

El acuerdo de hoy servirá para mejorar toda la infraestructura de datos y eléctrica de los centros y adaptarlos a esta nueva "carga" de conexiones digitales de mucha más capacidad y evitar así que se produzcan problemas por la insuficiencia de las instalaciones actuales.
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El Gobierno autoriza el gasto plurianual de las enseñanzas concertadas hasta el curso 2022-2023

• La dotación para gastos de funcionamiento supera los 85 millones de euros para los próximos cinco cursos, de acuerdo al nuevo plazo establecido por el Estado para la duración del concierto en la enseñanza Primaria

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el gasto plurianual de la Consejería de Educación y Universidades, destinado a la suscripción y modificación del concierto educativo para los cursos 2018-2019 al 2022-2023, por un importe de 85.077.914,50 euros. La medida, para gastos de funcionamiento, abarca la Educación Infantil, Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, así como la Educación Especial.

Cabe destacar que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa modificó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, obligando a que la renovación se establezca por un período mínimo de seis cursos educativos en las etapas de Educación Primaria. De ahí que el Gobierno haya aplicado, para una mejor gestión de los conciertos, el mismo plazo para todas la enseñanzas, en el nuevo concierto que entró en vigor el presente curso escolar y que ahora recibe la autorización concreta para el gasto plurianual.

La distribución de las anualidades establece un importe de 14.829.502,36 euros en 2018; otro importe de 15.009.100,45 euros, en 2019; 15.061.356,35, en 2020; 15.062.750,35, en 2021; 15.067.529,82, en 2022; y 10.047.675,17 euros, en 2023.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado hoy también luz verde a la concesión de una subvención a los centros con Unidades de Educación Especial Concertadas, Civitas, San Juan de Dios y Acamán, para sufragar los gastos del transporte escolar del período comprendido entre el decimoctavo día lectivo de noviembre de 2017 y el último día lectivo de junio de 2018, por un importe total de 792.142,97 euros.

El Gobierno autonómico considera que existen razones de interés público y humanitario para la concesión de esta subvención, relacionadas con el deber de facilitar el acceso del alumnado con discapacidad al servicio público de educación.

Así, se destinará en concreto una subvención de 164.012,50 euros para el alumnado de Civitas; 414.046,25 para el de San Juan de Dios; y 214.084,22 euros para el transporte del alumnado del Acamán.
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El Gobierno autoriza la licitación de las obras de ampliación del Hospital de Fuerteventura por un importe de 10,5 millones

• El proyecto contempla la creación de un nuevo edificio con una superficie de 5.123 metros cuadrados, dotado de nuevas áreas para Oncología Radioterápica y de Hospitalización para Psiquiatría de media y larga estancia, entre otras

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy el gasto relativo a la contratación de las obras de ampliación del Hospital General de Fuerteventura que contará con un presupuesto de 10.499.793,51 euros.
Este proyecto, que se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 85%, dentro del Eje 9 del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, cuenta con un plazo de ejecución de las obras de 24 meses a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo de las mismas. Asimismo, el proyecto de ampliación contempla un crecimiento del Hospital General de Fuerteventura en 5.123 metros cuadrados y supondrá la dotación de 74 nuevas camas hospitalarias y nuevas áreas asistenciales, con una unidad de media estancia para psiquiatría, una unidad para Oncología Radioterápica y una unidad de enfermedades infecciosas. Además, se creará un nuevo salón de actos con 143 plazas y áreas administrativas para los servicios de Gestión, Informática y Facturación.
La nueva fase de ampliación del Hospital transcurrirá por un edificio de 5.123 metros cuadrados, distribuidos en planta baja, primera y segunda. La planta baja se desarrollará en 2.923 metros y las dos siguientes en 1.070 m cada una. En la planta baja se ubicará una unidad de Media Estancia para Psiquiatría, la Unidad de Radioterapia, el área administrativa y el salón de actos, además de aseos.

En la primera planta, se ubicará el área de hospitalización de Cuidados Paliativos, otro para Enfermedades Infecciosas y una unidad de hospitalización médico quirúrgica; mientras que, en la segunda, se dispondrá de otra unidad de hospitalización de carácter polivalente.

Mejora de la cartera de servicios
Con este proyecto se mejora considerablemente la cartera de servicios que actualmente presta el Hospital General de Fuerteventura y se da respuesta a una demanda de la población en cuanto a su reivindicación para la creación de un servicio de Oncología Radioterápica en la Isla.

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El Gobierno aprueba remitir al Parlamento el Proyecto de Ley de Bibliotecas de Canarias para su tramitación

• La norma satisface una de las peticiones del sector y atiende una necesidad desde el punto de vista profesional y una demanda social

• Da el primer paso para la mejora en la prestación de servicios públicos, la profesionalización del personal, las dotaciones bibliográficas, el desarrollo y acondicionamiento de las infraestructuras, o la actualización de equipamientos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la remisión al Parlamento del Proyecto de Ley de Bibliotecas de Canarias para su tramitación una vez recibido el informe del Consejo Consultivo que no contempla cambios sustanciales sobre el texto inicial. Este texto viene a cubrir un vacío legal y a satisfacer una de las demandas más importantes del sector, además de cumplir un compromiso de Legislatura.

La norma se hace necesaria desde el punto de vista profesional y social ante la inexistencia de una ley de carácter autonómico para la regulación del sector de las bibliotecas en Canarias, que tampoco cuenta con otra normativa de rango menor.

Tanto los profesionales de las bibliotecas como las asociaciones profesionales de bibliotecarios y documentalistas han venido reclamando a lo largo de los últimos años el impulso por parte del Gobierno de Canarias de la redacción de esta ley, que da el primer paso para la mejora en la prestación de los servicios públicos, la profesionalización del personal al servicio de las bibliotecas, las dotaciones bibliográficas, el desarrollo y acondicionamiento de las infraestructuras, o la actualización de los equipamientos.

Una de las cuestiones más importantes que contiene el proyecto que se remite ahora al parlamento es que considera la lectura como un servicio público imprescindible para la formación académica y cultural de los ciudadanos, y un instrumento para la integración, algo que queda contemplado en su articulado.

Además, el texto concibe la promoción de la lectura como una tarea común de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación, más allá de la tarea de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela.

Se configura como el medio por el cual los principios de coordinación y cooperación, entre las administraciones públicas en materia bibliotecaria, conforman un Sistema Bibliotecario basado en un aprovechamiento eficiente de los recursos económicos, culturales, informativos y personales, mediante el que se ofrezcan al ciudadano servicios basados en la calidad y accesibles a toda la población.

Igualmente, la Ley establece la necesidad de elaboración del Mapa de Bibliotecas de Canarias como instrumento de planificación territorial que definirá el tipo de centros bibliotecarios, sus servicios y fijará los parámetros que deben cumplirse en lo que concierne a superficie, equipamiento, personal, fondo bibliográfico y mantenimiento de cada biblioteca, conforme a las directrices y pautas profesionalmente reconocidas.

Otra de las cuestiones que se define en el texto es el patrimonio bibliográfico canario, que se establece estará constituido por las obras, fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas que por su origen, antigüedad y trascendencia o valor cultural presentan un interés manifiesto para Canarias. En este sentido, se incluyen también los fondos cinematográficos, discos, fotografías, cualquier material audiovisual o similares que estén sujetos a depósito legal.
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Autorizado el gasto destinado a los equipos municipales de prevención de riesgo en la infancia

Por un importe de 5.134.870 € que se distribuirán entre los ayuntamientos canarios conforme al protocolo de acuerdo marco firmado entre la Fecam y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el gasto destinado a subvencionar a los municipios canarios para dar continuidad a los equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y servicios de día por un importe de 5.134.870 € conforme a la distribución incluida en el protocolo de acuerdo marco firmado entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios.
Según la actual Ley de protección integral del menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.
En la atención integral a los menores, tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo, así como las graves carencias que menoscaben su desarrollo. Las administraciones públicas deberán velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.
Las Administraciones Públicas Canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido en la Ley, se determinen en los planes y programas de servicios sociales y, específicamente, en aquellos que tengan por objeto la atención integral a los menores
Como recurso preventivo prioritario se establecerán programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores

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El Gobierno canario autoriza la dación de cuentas de los convenios en materia de Dependencia rubricado con los Cabildos insulares en 2017

• A través de estos convenios se financia el mantenimiento de un total de 10.185 plazas, 5.205 tienen carácter residencial y 4.980 son de estancia diurna

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy lunes, 28 de mayo, en Consejo de Gobierno del pasado lunes de los acuerdos de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de estancia diurna a personas en situación de dependencia relativos al año 2017, así como de las adendas relativas a estos acuerdos.

El Gobierno autorizó el 26 de abril de 2017, la suscripción de los Convenios de Colaboración suscritos entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y los siete Cabildos Insulares para la prestación de servicios en centros residenciales de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, durante el año 2017, por un importe global que ascendió a 83.634.331 euros.

Con fecha 18 de septiembre de 2017, el Consejo de Gobierno autorizó la suscripción de las adendas de modificación de los convenios de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, para la prestación de servicios en centros residenciales, de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, para el año 2017, que supuso el incremento de un total de 4.351.116 euros, por lo que la aportación global del Gobierno de Canarias a estos Convenios para el año 2017 ascendió a 87.985.447 euros.

Hay que recordar que través de estos Convenios, se financia el mantenimiento de un total de 10.185 plazas, de las cuales, 5.205 tienen carácter residencial y 4.980 son de estancia diurna. Por categorías, 5.343 son para personas con discapacidad y 4.842 para personas mayores.

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Una explotación ganadera de Fuencaliente, La Palma, ha quedado legalizada por el Consejo de Gobierno

• Son 22 los beneficiarios de esta medida durante 2018 y 36 desde 2016, la mitad en cada provincia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la legalización de una explotación ganadera, ubicada en el término municipal de Fuencaliente (La Palma). Durante este año se han resuelto 22 expedientes de este tipo y desde 2016 son 35. Se trata de una línea de trabajo para resolver la situación administrativa de explotaciones ganaderas anteriores a 1999 que quedaron al margen de la Ley con los sucesivos cambios normativos.

Este tipo de expedientes está impulsado por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y se dedican a él importantes recursos humanos y materiales, cumpliendo de esta manera un compromiso adquirido con el sector. Desde que se inició la tramitación de este tipo de procedimientos se han ido agilizando, tanto desde el punto de vista de su tramitación como desde la comunicación permanente entre las tres direcciones generales que participan: Ganadería, Protección de la Naturaleza y Ordenación del Territorio.

La entrada en vigor de la Ley del Suelo acelera estos trámites pues simplifica el procedimiento respecto a los usos permitidos y permite certificar (una equivalencia a licencia de actividad) un uso consolidado siempre que el planeamiento municipal lo permita. El Gobierno decretó además que estos expedientes se tramitasen mediante procedimiento simplificado en cuanto a evaluación ambiental y umbrales de censo.

Desde 2016 son un total de 36 las ya legalizadas y más de la mitad (22) se han legalizado este año. Por provincias, son 18 las que obtuvieron el título en la provincia oriental (10 en Gran Canaria, 4 en Fuerteventura y 4 en Lanzarote) y 18 en la provincia occidental (14 en Tenerife y 4 en La Palma). En 2016 se legalizaron 5 explotaciones y en 2017 fueron 9.

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El Gobierno de Canarias activa desde hoy a los Equipos de Intervención y Refuerzo contra Incendios

• Nieves Lady Barreto informa de que se incrementa el número de operarios y capataces con respecto al año pasado

El Consejo de Gobierno ha aprobado la encomienda para puesta en marcha, desde hoy, de los Equipos de Intervención y Refuerzo contra incendios (EIRIF).

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado de que, este año, cada uno de los tres equipos contará con un capataz y un operario más para garantizar que, ante cualquier eventualidad, en cada turno haya siempre una cuadrilla de 8 personas trabajando. Por tanto, según explicó, cada equipo contará con 26 trabajadores (tres cuadrillas de 8 personas más dos correturnos) y un preparador físico, además de dos coordinadores generales para los tres equipos, sumando un total de 83 personas.

Tal y como ya anunciara Barreto hace unos días, en esta ocasión la actividad de los EIRIF se prolongará hasta el 30 de noviembre, con un presupuesto de 1.745.000 euros.

Los EIRIF se pusieron en marcha por primera vez en 2017, con bases en La Palma, El Hierro y La Gomera. Son unidades helitransportadas de ámbito de actuación suprainsular, que actúan como refuerzo a los medios insulares para las labores de prevención y extinción de incendios.

Al igual que el año pasado, participarán en simulacros y trabajos conjuntos con los distintos cabildos con masa forestal para garantizar que, llegado el caso de intervenir ante un incendio, se hace de manera perfectamente coordinada.

Nieves Lady Barreto informó, asimismo, de que dentro del plan de prevención de riesgos forestales del Gobierno de Canarias una parte importante de los esfuerzos y recursos está destinada a la prevención de incendios en los Parques Nacionales con masa forestal.

En este sentido, señaló que el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y el Parque Nacional de Garajonay contarán medio centenar de trabajadores cada uno (técnicos, agentes de medio ambiente y conductores) para el dispositivo de prevención y extinción de incendios de este verano, entre los meses de junio a octubre, con un coste de 1.253.000 euros. Este operativo se compone de personal propio de la administración a los que se suma personal contratado mediante encomiendas. En el caso del Parque Nacional del Teide, la consejera recordó que al estar ya gestionado por el Cabildo de Tenerife, es la propia Corporación la que se encarga del refuerzo de personal durante el periodo estival.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias cuenta con otros medios que están activos todo el año en disposición de intervenir ante cualquier incendio forestal. Así, además del servicio del CECOES 1-1-2, la Dirección General cuenta con un servicio de 6 técnicos de Protección Civil para el desempeño de las funciones de la dirección técnica de los recurso de extinción activados por el Gobierno de Canarias; un equipo de GES Tierra, compuesto por 12 efectivos que realizan labores de apoyo logístico, coordinación aérea y gestión del Puesto de Mando Avanzado; un servicio de coordinador aéreo, compuesto por 2 técnicos especializados que se activa cuando se prevé la intervención de 3 o más aeronaves en un incendio.

A todo ello hay que sumar los recursos materiales como el vehículo de Puesto de Mando Avanzado, además de varias carpas y vehículos de despliegue en zonas de emergencias, y la red RESCAN del Gobierno de Canarias que, basada en tecnología TETRA, proporciona cobertura de radiocomunicación digital para todo el Archipiélago y es la red troncal para la dirección y coordinación de emergencias.

Nieves Lady Barreto hizo hincapié, igualmente, en la labor de formación que a lo largo de todo el año ofrece la Dirección General de Seguridad y Emergencias dirigida a todo el personal de cabildos, ayuntamientos y del propio Gobierno que interviene en labores de extinción, incluidos también voluntarios de Protección Civil, como los cursos de formación básica en extinción y seguridad en incendios forestales y los cursos básicos e intermedios de dirección de extinción.

Finalmente, recordó que hace dos semanas tuvo lugar la primera reunión preparatoria con los cinco cabildos con masa forestal para determinar el número de medios personales y materiales con los que cada corporación cuenta para esta campaña contra incendios y que en unos días, tras la reunión del Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF) del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se confirmarán los medios que aporta el Estado.

"Todo apunta a que con los medios del Gobierno de Canarias, los que aportan los cabildos y el Gobierno central y los voluntarios de Protección Civil contaremos, al igual que el año pasado, con unos 1700 efectivos para afrontar esta campaña".

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