En aplicación a la legislación vigente en esta materia, el Gobierno de Canarias ha tenido que actuar para garantizar la continuidad de la actividad de la obra social tras cumplirse el plazo voluntario de cinco meses, otorgado por la ley, para la constitución de una Fundación de Carácter Especial sin que Bankia haya realizado dicha tarea.
Las cinco personas designadas para formar la comisión gestora son Blas Trujillo, Antonio Márquez, Manuel Lobo, Manuel Sánchez Álvarez y Manuel Wood Valdivielso –actual contable de la Caja Insular de Ahorros de Canarias-. Esta comisión gestora asume la tarea de elaborar los estatutos de la Fundación Canaria Especial y gestionar su actividad diaria durante el periodo de transición hasta que se produzca la designación del nuevo patronato, responsabilidad que también recae en los integrantes de esta comisión.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, que presidió el pleno, explicó que el pasado 27 de junio se produjo la denominada "nacionalización" del Grupo Banco Financiero y de Ahorros que hasta esa fecha era el máximo accionista de Bankia, entidad en la que está integrada la Caja Insular de Ahorro de Canarias tras el proceso de fusiones de los últimos años.
Esta nacionalización, detalló, supuso la cesión del cien por cien de sus acciones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que ha convertido al Estado en el único accionista, de forma que la Caja Insular de Ahorros de Canarias ha perdido su participación en Bankia, lo que le obliga a separar la actividad financiera de la obra benéfico social.
Para garantizar la obra social, la ley vigente prevé la constitución de una Fundación de Carácter Especial, que se encargará de la gestión de la actividad benéfica, en el plazo máximo de cinco meses desde que se produce la cesión de control del accionariado, indicó Hernández Spínola, quien expuso que una vez cumplido dicho plazo sin que se haya producido la constitución voluntaria de esta Fundación, –lo que se produjo el pasado 27 de noviembre- , la misma ha quedado constituida de forma automática por mandato legal. En esta situación, el Gobierno de Canarias, a través del Protectorado de Fundaciones, está obligado por ley a entrar en el asunto para llenar "el vacío en la gestión", designando una comisión gestora para que ésta asuma de forma coyuntural la responsabilidad de la Fundación de Carácter Especial hasta la designación del nuevo patronato.
La comisión gestora debe ahora elaborar los estatutos de la Fundación Canaria Especial y gestionar su actividad diaria hasta que se produzca la designación del nuevo patronato.
