El abogado de tres familias, Carlos Villacorta, ha expresado la indignación de los afectados ante la oferta "insultante" de Mapfre que este año obtendrá unos beneficios de 1.000 millones de euros "a costa de pagar lo menos posible a las víctimas de sus asegurados".
Villacorta ha precisado que sus clientes han interpuesto una demanda civil que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona contra Spanair, como transportista, y Mapfre, como aseguradora, para plantear sus reclamaciones.
La compañía ha calculado las indemnizaciones de acuerdo con el baremo de accidentes de tráfico, un sistema de valoración del daño que el letrado de los perjudicados ha calificado de "obsoleto".
La pretensión de Mapfre "está fuera de lugar" y busca "seguir engordando su cuenta de resultados", según Villacorta, quien ha mostrado su oposición a la aplicación del baremo a "grandes catástrofes" como este accidente aéreo, el más grave de los últimos veinticinco años en España.
El baremo no tiene en cuenta el sufrimiento de los familiares por las dificultades de identificación de los cadáveres, el luto, las secuelas del duelo o la pérdida de relaciones afectivas, de distinta intensidad y duración en el tiempo en cada caso, ha explicado el abogado.
La aseguradora ha hecho el ofrecimiento a cambio de que los afectados renuncien "para siempre" a ejercer acciones civiles y penales contra Spanair, SAS, Mapfre, Boeing, McDonnell Douglas, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y la Dirección General de Aviación Civil, así como contra cualquier entidad que pudiera resultar responsable por este siniestro.
Villacorta ha señalado que hace ya cuatro años Mapfre tendría que haber cumplido con su obligación legal de ofrecer las indemnizaciones a las familias -sin otra contrapartida que la firma de un recibo a título de anticipo-, dejando que los tribunales resolvieran con posterioridad si eran suficientes o no.
La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, ha manifestado que la propuesta de Mapfre es "una trampa que trata de aprovecharse de la situación de extrema debilidad de las familias".
Vera ha considerado "ofensivo, ruinoso y muy doloroso" que Mapfre tan solo ofrezca 12,7 millones a los familiares de las víctimas y a los supervivientes, cuando la póliza contratada por Spanair asciende a 1.500 millones de euros.
"Sale más barato pagar indemnizaciones que invertir en seguridad aérea", ha apuntado Vera, quien ha resaltado que "es incomprensible que Mapfre pretenda desprenderse de sus responsabilidades contractuales con esta limosna por la vida de los personas".
La compañía muestra su disposición al diálogo con los familiares de los fallecidos en el vuelo y con los lesionados con el objetivo de lograr un acuerdo extrajudicial de indemnización, con una propuesta global que no llega al 10 por ciento de la cobertura de la póliza.
Por ello, consignará 12,7 millones de euros en una Notaría de Barcelona, aunque aquellos perjudicados que no tengan su lugar de residencia en la ciudad condal dispondrán de los datos de un notario cercano a su lugar de residencia.
Ya el 28 de junio de 2011 Mapfre puso a disposición de determinados perjudicados a través del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, las indemnizaciones que les correspondían, aplicando el baremo de accidentes de tráfico, sin obtener respuesta de la mayoría de las familias.
Esas indemnizaciones oscilaban entre los 27.000 euros para tres abuelos por la muerte de su nieto menor de edad y los 236.000 euros en el caso de uno de los supervivientes, pasando por los 109.000 euros para un matrimonio que perdió a su hija en el siniestro.
A lo largo de los años, Mapfre alcanzó acuerdos de indemnización con algunos de los afectados, quienes renunciaron al ejercicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponderles.
En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha respondido a Mapfre que no accedía a comunicar a todas las partes personadas este ofrecimiento, ya que el archivo de la causa penal ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid excluye toda actuación procesal, incluso de carácter informativo.
