Para este colectivo ciudadano, del que forman parte personas afectadas por la erupción en el Valle de Aridane, la actuación de las Administraciones públicas y de las instituciones científicas en Tenerife "sigue evidenciando que no se han aprendido plenamente las lecciones que dejó la catástrofe palmera".
En este sentido, Tierra Bonita sostiene que "no basta con lanzar un mensaje de serenidad" desde el Cabildo de Tenerife y considera "insuficiente" las medidas anunciadas de un simulacro de emergencia dentro de ocho meses, limitado además a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide, así como tramitar sin carácter urgente la actualización de los planes de emergencia municipales.
La situación actual de reactivación sísmica bajo Las Cañadas del Teide, el aumento de las emisiones de gases y la ligera deformación del terreno deberían ser, a juicio de esta asociación, indicadores suficientes para que los responsables políticos tomen ya la decisión de informar en las próximas semanas a toda la población de la isla sobre qué hacer en caso de una erupción volcánica, cómo protegerse frente a sus diferentes peligros y en qué consistiría el protocolo de protección civil en su municipio o comarca, máxime tras la experiencia de La Palma, donde el proceso geológico fue muy rápido".
Incluso estas anomalías en la actividad volcánica, "deberían servir para comenzar a plantearse la activación del semáforo amarillo, primer nivel de alerta volcánica". En este sentido, Tierra Bonita expone la paradoja de que en La Palma, "cuatro años después de apagado el volcán, sigue en semáforo amarillo, sin razones objetivas que lo avalen".
"Prevenir no es alarmar; lo alarmante es que se llegue a una emergencia volcánica sin que la población esté realmente concienciada y preparada", enfatiza el colectivo palmero.
SIN RESPUESTA SOBRE EL SIMULACRO DE 2025
En este contexto, Tierra Bonita denuncia la falta de transparencia del Cabildo de Tenerife y de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ante la solicitud de información que presentó en octubre pasado, en relación con las conclusiones del simulacro de emergencia volcánica celebrado en Garachico. Seis meses después, se queja, no ha recibido respuesta, "lo que induce a pensar que fue un simulacro de circo y pandereta".
FALTA DE TRANSPARENCIA CIENTÍFICA
La asociación también advierte de la insuficiente transparencia de la información científica en Tenerife. En el caso del Instituto Geográfico Nacional (IGN), responsable de la vigilancia oficial del riesgo volcánico en España, no ofrece a la ciudadanía acceso abierto a las series completas de deformación GNSS, a los datos multiparamétricos históricos, a los registros continuos de emisiones difusas de CO₂ ni a la información de la totalidad de las más de cien estaciones sísmicas, sino solo de una parte.
Tampoco el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), adscrito al Cabildo de Tenerife, da acceso público a los registros de su Red Sísmica Canaria.
A ello se suma, observa Tierra Bonita, la percepción social de tensiones institucionales entre el INVOLCAN y el IGN, "lo que proyecta una mala imagen de falta de coordinación".
Esta opacidad y la deficiente información científica e institucional, añade el colectivo, "contrasta con los estándares internacionales que aplican otros sistemas volcánicos activos" instituciones como el United States Geological Survey (EE. UU.), el Icelandic Meteorological Office o el Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), llas cuales ofrecen datos volcánicos y sísmicos accesibles de forma estructurada y transparente".
Por ello, la asociación palmera considera que "Canarias no puede aspirar a ser una referencia internacional en vigilancia volcánica mientras mantenga una cultura de acceso limitado a los datos primarios, de modo que la ciudadanía se limita a recibir conclusiones sin poder acceder a la información que las fundamenta".
PLANES DE EMERGENCIA NO ACTUALIZADOS
En cuanto a la planificación de emergencias, Tierra Bonita señala que en Tenerife, a diferencia de lo que ocurrió en La Palma en el momento de la erupción, está aprobado y vigente el Plan Insular de Actuación frente al Riesgo Volcánico (PAIV), aunque lamenta que su conocimiento no se ha fomentado entre la población.
El Cabildo de Tenerife ha anunciado la actualización de los planes de emergencia municipales (PEMU) en los municipios con riesgo volcánico, pero Tierra Bonita se pregunta si existe un calendario obligatorio para culminar este proceso, qué mecanismos de supervisión ejerce el Gobierno de Canarias para garantizar su cumplimiento efectivo y por qué el Archipiélago no dispone de un portal integrado de datos volcánicos abiertos, comparable a los estándares internacionales.
Cabe recordar que cuando se produjo la erupción de 2021 ni El Paso ni Tazacorte contaban con un PEMU operativo, mientras que Los Llanos de Aridane mantenía un plan de 2012 no adaptado a la realidad del momento. Estos planes son, subraya la asociación, "vitales" para la operatividad y la seguridad jurídica de la gestión de emergencias, ya que determinan quién evacúa, cómo se realiza la evacuación, qué población es vulnerable, qué infraestructuras deben priorizarse y qué competencias corresponden a cada autoridad.
En conclusión, Tierra Bonita afirma que "la población de Tenerife debe evitar que se repitan los clamorosos errores de gestión sufridos en La Palma, origen de una profunda desconfianza social hacia científicos y responsables políticos ante el riesgo volcánico", y recuerda que "la confianza no se impone por decreto, sino que se gana demostrando transparencia y previsión".
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La Palma/ La asociación palmera lamenta que la actual reactivación sísmica en Las Cañadas del Teide "evidencia que políticos y científicos no han aprendido de los errores con el Tajogaite", por lo que defiende que se dé cuanto antes formación preventiva a la sociedad tinerfeña sobre medidas de autoprotección y protocolos de emergencia ante una posible erupción volcánica.
La Asociación Tierra Bonita llama a la población de Tenerife a exigir a sus gobernantes transparencia sobre el riesgo de una erupción volcánica, para evitar que se repitan los graves errores de gestión de la emergencia del Tajogaite, como la falta de información, el mantenimiento de un nivel de alerta incoherente con los peligros reales y, finalmente, el inicio del proceso eruptivo sin evacuar antes a la población.
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